En la denuncia, de la que informa Expresso, García Pereira pide a Amadeu Guerra que proceda con el procedimiento adecuado para la disolución de Chega.

También solicita la apertura de una investigación penal contra el presidente del partido, André Ventura, y otros dirigentes, por incitación al odio, y la adopción de medidas judiciales y administrativas para la retirada urgente de carteles con mensajes de "incitación al odio y a la violencia contra grupos de ciudadanos".

En su argumentación, el abogado recuerda que la Constitución de la República Portuguesa no permite "organizaciones racistas o de ideología fascista" y enumera episodios de la conducta de los miembros de Chega que, dice, "suponen elevar a un nivel (aún) superior un comportamiento sistemático de violación de esos principios democráticos esenciales".

El abogado y profesor universitario recuerda, entre otros ejemplos, las recientes palabras de André Ventura, cuando afirmó que Portugal necesita "tres Salazares", y los carteles con mensajes alusivos a Bangladesh y a la comunidad gitana.

García Pereira también cita las publicaciones en las redes sociales del líder del partido Chega contra los gitanos, cuando se refiere a esta comunidad como "personas que 'creen tener derechos y privilegios' y que no obedecen la ley".

El autor de la denuncia también advierte de una "banalización de los insultos más groseros y del discurso de odio" contra "adversarios políticos y determinadas comunidades", recordando cuando el líder parlamentario de Chega, Pedro Pinto, argumentó, en relación con la muerte de Odair Moniz, que "si la policía disparara a matar, el país estaría en orden".

António Garcia Pereira considera evidente que Ventura, así como Rita Matias, Pedro Pinto y Pedro Frazão, han "difamado a grupos de personas en razón de su raza, color, origen étnico o geográfico y religión, incitando y fomentando la discriminación, el odio e incluso la violencia contra dichos grupos."

"Además, ya se han producido varios casos de ataques acabados y bárbaros contra estos ciudadanos, ocurridos en el Algarve, Oporto y la Gran Lisboa, causando a todos un fuerte temor y coacción a su libertad de acción (concretamente, salir a la calle e ir a un café, al colegio de sus hijos o al supermercado)", reza la denuncia.

Según García Pereira, ninguna concepción de la libertad de expresión "puede justificar este tipo de conductas", y estos comportamientos son ejemplos de "violaciones muy graves y jurídicamente inadmisibles tanto de los principios fundamentales del Estado democrático de Derecho como de los derechos, libertades y garantías fundamentales de los ciudadanos afectados".

El profesor universitario considera que el Ministerio Fiscal "tiene la legitimidad y la obligación de incoar un procedimiento penal para investigar y esclarecer los hechos", recordando que corresponde a este órgano "ejercer la acción penal guiada por el principio de legalidad y defender la legalidad democrática."

"Que han sido así vulnerados de forma grave, deliberada, manifiesta y reiterada por la conducta del partido Chega y de su citado presidente y máximo dirigente, André Ventura", concluye el abogado.