Según el diario Expresso, la mayoría de los casos se concentran en el área metropolitana de Lisboa, mientras que la dispersión de los inmuebles por todo el país dificulta la vigilancia y la intervención directa, que sólo es posible con el apoyo de los ayuntamientos, explicó Benjamim Pereira, presidente del IHRU, en una entrevista.

El presidente del instituto subrayó que la mayoría de las viviendas ocupadas ilegalmente estaban vacías por razones circunstanciales, como la espera de obras o licitaciones para la adjudicación. Hasta septiembre de este año, el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana (IHRU) llevó a cabo 76 desalojos, casi el doble de los 40 registrados en 2024, y espera duplicar esa cifra a finales de 2025. El desalojo de viviendas ocupadas sólo puede hacerse inmediatamente en casos de violación flagrante; de lo contrario, el proceso legal puede durar de seis meses a más de un año.

Para reducir las reocupaciones y acelerar la rehabilitación de los inmuebles, el IHRU estableció un acuerdo marco que le permite activar empresas ya preseleccionadas para las obras, evitando la necesidad de lanzar licitaciones específicas. Benjamim Pereira advierte que las frecuentes reocupaciones perjudican la credibilidad del instituto y aboga por cambios legislativos que agilicen los "procesos", garantizando una gestión más eficaz del patrimonio inmobiliario del Estado.