Los Estados mantendrían el control sobre las fronteras marítimas existentes, lo que resolvería la incertidumbre en torno a su estatus jurídico. El acuerdo se hace eco de un fallo de la Corte Internacional de Justicia que reafirma los derechos soberanos de las naciones situadas en zonas de baja altitud.

La declaración supone la primera vez que los líderes mundiales respaldan de forma conjunta las medidas de protección para los Estados amenazados por la subida del nivel del mar. El presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., acogió con satisfacción el acuerdo y subrayó que la subida del nivel del mar amenaza a las comunidades y a sus modos de vida, pero no sus derechos jurídicos ni su condición de Estados.

La declaración establece el reconocimiento internacional de la continuidad de la soberanía a pesar de la posible pérdida de territorio.

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