En un comunicado conjunto, los Ministerios de Hacienda, de Economía y Cohesión Territorial, y de Infraestructuras y Vivienda han señalado que «se ha enviado una carta a los ayuntamientos en la que se identifican los bienes públicos no utilizados situados dentro de sus límites territoriales, cuya gestión pueden solicitar».

Los ayuntamientos pueden ahora examinar los bienes disponibles en la lista y tienen hasta el 31 de diciembre «para comunicar al Gobierno cuáles pretenden poner a disposición de sus ciudadanos».

La lista recoge los bienes públicos no utilizados situados dentro de los límites municipales cuya gestión pueden solicitar las autoridades locales.

En el comunicado, los tres ministerios señalaron que los municipios «también pueden identificar otros bienes públicos no utilizados dentro de sus respectivos límites territoriales y solicitar la transferencia de su gestión».

Estamo, una empresa pública encargada de la gestión del patrimonio inmobiliario, identificó los inmuebles y completó el registro de 60 000 inmuebles públicos «seis meses antes de lo previsto».

«Además de los 477 inmuebles que ahora se ponen a disposición, ya se han catalogado los inmuebles pertenecientes a instituciones públicas y los resultantes de la transferencia de la titularidad de las antiguas Administraciones Regionales de Salud, lo que eleva el total a 80 000», añadieron los ministerios.

El Gobierno subrayó que una de sus prioridades es transferir la gestión inmobiliaria a los municipios, «que podrán adaptarlos a las necesidades de su población: viviendas asequibles, fines culturales, servicios municipales, centros sanitarios y otros usos».

Desde 2024, la administración central ya ha transferido 95 inmuebles a 64 municipios, lo que supone una inversión de 80 millones de euros, según indica el documento.

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