Con la supresión del Servicio de Extranjería y Fronteras(SEF) en 2023, algunas de las responsabilidades del antiguo cuerpo de seguridad se transfirieron al PSP. Las operaciones de expulsión, readmisión y retorno de personas en situación irregular, que habían sido asignadas a la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA), pasan a ser responsabilidad de la PSP.

El objetivo, explicó la PSP en un comunicado, es que la UNEF opere "a medio plazo" con unos 2.000 efectivos, entre "policías, técnicos especializados, proveedores de servicios y voluntarios de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales".

Este aumento de la plantilla es consecuencia no sólo de las nuevas responsabilidades asignadas, sino también de la puesta en marcha del nuevo sistema de entrada y salida, que entrará en vigor el 12 de octubre de 2025, y de la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo a partir del próximo año.

Además de las operaciones de expulsión y retorno, que antes eran competencia de la AIMA, la vigilancia, inspección y control de las fronteras aéreas, que ya eran responsabilidad de la PSP, también se concentrarán en la nueva unidad, que estará dirigida por el director nacional de este cuerpo policial.

La UNEF también iniciará la apertura de expedientes administrativos de infracción en el marco legal que regula la entrada, permanencia, salida y expulsión de extranjeros del territorio nacional.

El objetivo es integrar en la UNEF las actuales divisiones de seguridad aeroportuaria y control de fronteras de la PSP, creadas tras la disolución del SEF y ubicadas en los aeropuertos de Lisboa, Oporto, Faro, Azores y Madeira.

Sin embargo, la transferencia de las divisiones a la UNEF será un proceso "gradual y por etapas" para garantizar "la coordinación con las unidades existentes de la PSP", explicó la PSP.

Paulo Santos, líder sindical de la Asociación Sindical de Profesionales de la Policía(ASPP), explicó a Lusa el problema existente en este cuerpo policial relacionado con la falta de personal y admitió sus reservas con respecto a esta nueva unidad, señalando "una mayor carga para la policía".

Esta nueva unidad fue el resultado de una propuesta del Gobierno, cuyo proyecto sufrió algunos cambios solicitados por Chega, que también intentó cambiar el nombre de la unidad, pero sin éxito.

La propuesta del gobierno fue aprobada en la Asamblea de la República en julio, con los votos a favor del PSD, Chega, IL y CDS, las abstenciones del PS y JPP, y los votos en contra del resto de partidos de izquierda.