Las propuestas presentadas por el Gobierno al Parlamento "tienen efectos positivos, pero son insuficientes" para resolver la crisis de la vivienda, considera el vicepresidente de la Asociación de Inquilinos de Lisboa(AIL), Luís Mendes, en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. "Son medidas que podrían desbloquear el mercado del alquiler, si cuentan con el apoyo de los propietarios, pero están mal estructuradas para contener la crisis de la vivienda. Deberían tener más alcance y un carácter más estructural", dijo.

Al establecer beneficios fiscales para la venta de viviendas de hasta 648.000 euros, o para alquileres de hasta 2.300 euros al mes, el paquete legislativo del Gobierno "cubre el 95% del mercado", pero puede acabar siendo "una invitación" para que los caseros suban los alquileres hasta valores cercanos al techo que el Ejecutivo definió como renta moderada.

El mandatario cree que la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias sobre los alquileres del 25% al 10% no es suficiente para terminar con la informalidad en el sector. "Sin fiscalización, todo lo que se haga puede no producir efectos", agrega. Además de crear un registro de alquileres, Luís Mendes sugiere un inventario de los inmuebles públicos con potencial residencial, para que puedan salir al mercado a costes controlados.

"Estas dos medidas son fundamentales para combatir la crisis de la vivienda. La nueva construcción por sí sola no resolverá el problema. Los periodos en los que más se construyó en Portugal fueron también aquellos en los que más subieron los precios de venta, porque el acceso al crédito bancario era más fácil", añade.

Control de precios

Por eso, también aboga por "algún control de precios en las zonas más demandadas", para que el valor de los alquileres no supere un tercio de la renta media por habitante, de forma similar a lo que, según él, se está haciendo en otros países.

"En contra de lo que dice el pensamiento neoliberal, más construcción no bajará los precios, porque dependen del coste del suelo, que es alto, y del coste de la mano de obra, que es escasa", señala. "Como geógrafo, suelo decir que hay tres factores con mucho peso en la formación de los precios: localización, localización y localización", concluye.

Las propuestas presentadas por el Gobierno a la Asamblea de la República corresponden a una autorización legislativa que permite al ejecutivo de Luís Montenegro modificar el Código del IVA, el Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Estatuto de Beneficios Fiscales y el Código del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales con el objetivo de promover la oferta de viviendas a precios más bajos.

La propuesta de ley para reducir el IVA en la construcción de viviendas destinadas a la venta o alquiler a precios moderados concede a Hacienda 150 días para devolver la diferencia entre el 23% y el 6% de IVA si los propietarios construyen o rehabilitan inmuebles destinados a vivienda y venden la casa por hasta 648.000 euros o alquilan el inmueble por una renta mensual no superior a 2.300 euros.

Plusvalías

Con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda, el Ejecutivo propone que los propietarios que vendan una casa queden exentos del IRPF sobre las plusvalías si reinvierten las ganancias en inmuebles destinados al alquiler residencial. También está prevista una reducción del tipo autonómico del IRPF que se aplica a las rentas obtenidas por contratos de alquiler y subarriendo residencial hasta 2029.

En lugar del tipo actual del 25%, el Ejecutivo solicita autorización parlamentaria para un tipo del 10%, si los ingresos se sitúan dentro del límite definido como precio moderado por el Ejecutivo (2.300 euros al mes). En el caso de los inmuebles propiedad de empresas, el poder ejecutivo prevé que sólo la mitad de los ingresos por alquiler estén sujetos al impuesto sobre la renta.

"El sesgo no es correcto; podría tener un efecto perverso y provocar un aumento aún mayor de los alquileres, al menos inicialmente", explicó.

Considerando que la informalidad en el mercado de la vivienda "es elevada y distorsiona los precios", el vicepresidente de la AIL aboga por la creación de un registro nacional de alquileres para hacer obligatoria la inscripción de los contratos, combatir la evasión fiscal, aumentar la transparencia y bajar los precios.