El plan ha suscitado el debate entre las regiones, pero las autoridades afirman que pretende mejorar la equidad y reflejar los cambios demográficos, al tiempo que posibilita reformas largamente aplazadas, como la representación política de las mujeres.

El proceso, previsto para después de 2026, actualizará los límites de las circunscripciones con los datos del censo más reciente. Sus partidarios sostienen que podría reforzar la democracia al garantizar una representación equitativa, aunque persiste la preocupación por el equilibrio regional y el impacto político.