Esta medida, que ahora se comunica formalmente al sistema financiero nacional, pretende hacer frente a los efectos de las garantías públicas que ayudan a los jóvenes a adquirir su primera vivienda.

Con el ajuste de la ratio de endeudamiento, el supervisor pretende mitigar el riesgo de impago y evitar el sobreendeudamiento estructural de las familias en un mercado inmobiliario sometido a fuertes presiones.

Esta reducción de la ratio de endeudamiento no será, sin embargo, el único cambio en el actual modelo macroprudencial.

La institución dirigida por Álvaro Santos Pereira también está considerando una revisión a la baja de las excepciones actualmente permitidas en las carteras de la banca comercial.

Actualmente, la reglamentación permite que hasta el 10% del volumen de nuevos préstamos de cada banco, por semestre, alcance una relación deuda/ingresos más agresiva, de hasta el 60%, salvaguardando al mismo tiempo un margen adicional del 5% para superar los límites generales.

Se espera que estos umbrales de tolerancia sufran recortes significativos, siendo los valores exactos aún objeto de análisis técnico por parte del regulador.

El fuerte dinamismo del crédito a los jóvenes con garantía estatal es el principal motor de estos cambios normativos, ya que a principios de año representaba casi un tercio del valor total de los nuevos préstamos para vivienda en el país.

Este crecimiento acelerado ha provocado un aumento generalizado de los plazos medios de amortización de las carteras bancarias, generando observaciones y advertencias del Gobernador del Banco de Portugal.

Ante esta realidad, el supervisor también está estudiando un cambio en las recomendaciones relativas al plazo máximo de vencimiento de los contratos, que actualmente establecen límites de 40 años para los jóvenes de hasta 30 años, 37 años para los que tienen entre 30 y 35 años, y un tope de 35 años para los que superan esa edad.