A medida que los registros electrónicos y el intercambio de datos se generalizan, los defensores de esta tendencia sostienen que unas garantías y una supervisión más claras pueden fomentar la innovación y garantizar que la información sanitaria se utilice de forma responsable para mejorar los servicios y la atención sanitaria.

Los partidarios de esta medida creen que unos datos sanitarios bien gestionados pueden contribuir a un diagnóstico más rápido, a tratamientos más eficaces y a una mejor respuesta de la salud pública. Al actualizar las normas de privacidad y aumentar la transparencia en torno a cómo se recopila y comparte la información, los responsables políticos tienen la oportunidad de reforzar la confianza en los sistemas digitales, al tiempo que ayudan a los investigadores y a los profesionales sanitarios a tomar decisiones basadas en la evidencia que beneficien a los pacientes y a las comunidades.