La resolución rechazó los intentos de Meta y TikTok de paralizar los procedimientos, al considerar que el artículo 230 no impide automáticamente la interposición de demandas. Las denuncias alegan que las plataformas fomentaban el uso compulsivo, exponían a los menores a contenidos nocivos y no verificaban la edad de los usuarios.

Las acusaciones, presentadas por gobiernos estatales y locales, así como por familias a título individual, aún no se han examinado en juicio y son negadas o rebatidas por las empresas. En un caso aparte, cuatro fiscales generales estatales reclaman a Meta unas multas por valor de aproximadamente 1,4 billones de dólares, alegando que la empresa engañó al público sobre la seguridad de la plataforma mientras daba prioridad a la participación de los usuarios y a los ingresos.