«Quienes cumplen las normas deben tener la certeza de que el ayuntamiento está de su lado. Quienes actúan al margen de la ley deben saber que siempre actuaremos con firmeza, dentro del marco legal y en estrecha coordinación con las entidades competentes», declaró a Lusa el alcalde de Entroncamento, en el distrito de Santarém.

La operación tuvo lugar el 21 de julio en el barrio de Frederico Ulrich, con la participación del Ayuntamiento, E-Redes y la PSP (Policía de Seguridad Pública), y forma parte de la estrategia que el ejecutivo ha venido desarrollando para combatir las ocupaciones ilegales y las conexiones clandestinas en el parque de viviendas municipal, en un momento en el que se está llevando a cabo la renovación de dicho barrio en el marco de la Estrategia Local de Vivienda (ELH). Según Nelson Cunha (Chega), la inspección estaba prevista inicialmente para seis viviendas, pero acabó abarcando 25 después de que los técnicos de E-Redes, durante la verificación puerta a puerta, identificaran conexiones eléctricas clandestinas y, en la mayoría de los casos, conexiones de agua.

Situaciones distintas

El alcalde explicó que la operación se centró en dos situaciones distintas: inquilinos municipales con contrato que mantenían conexiones clandestinas a los servicios y unas seis viviendas municipales ocupadas ilegalmente, cuyos casos se encuentran en los tribunales.

«No se trató de un corte de suministro eléctrico, sino de un restablecimiento de la legalidad», argumentó, afirmando que la intervención tenía como objetivo «acabar con el problema de raíz», eliminando las conexiones clandestinas siempre que fuera técnicamente posible.

En vísperas de la operación, el ayuntamiento dañó parcialmente los tejados de dos viviendas sociales desocupadas después de que una familia de Elvas intentara ocupar ilegalmente una de ellas; desde entonces, han abandonado la ciudad.

Nelson Cunha explicó que las viviendas forman parte del complejo residencial cuya demolición está prevista en el marco de la ELH (Estrategia Local de Vivienda) y que la intervención tenía como objetivo evitar nuevos intentos de ocupación.

El barrio será desmantelado.

El alcalde afirmó que el barrio de Frederico Ulrich se desmantelará progresivamente, con ocho bloques de viviendas en construcción, financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), destinados al realojamiento de las familias que residen en ese complejo de viviendas.

Nelson Cunha señaló asimismo que el ayuntamiento cuenta actualmente con unas 200 viviendas en lista de espera para la vivienda social, argumentando que la gestión del parque de viviendas municipal debe dar prioridad a «quienes realmente la necesitan» y cumplir con las normas de acceso.

«Es inaceptable que haya ciudadanos que cumplan con sus obligaciones mientras otros se benefician de situaciones ilegales durante años», afirmó, considerando que las medidas del ayuntamiento tienen como objetivo «restablecer la legalidad», asegurar «que las normas sean las mismas para todos» y garantizar una política de «justicia social».

Esta ha sido la segunda operación de este tipo llevada a cabo por el ayuntamiento en menos de tres meses.

Corte del suministro de agua

En mayo, el Ayuntamiento de Entroncamento cortó el suministro de agua y electricidad a cuatro viviendas municipales ocupadas ilegalmente y anunció que mantendría las acciones de inspección para combatir las ocupaciones indebidas y las conexiones clandestinas.

El alcalde declaró que podrían llevarse a cabo nuevas acciones de inspección en otras zonas de la ciudad, asegurando que el ayuntamiento seguirá actuando para «mantener el orden y la justicia social» y evitar nuevas ocupaciones irregulares.

Según Nelson Cunha, la operación se desarrolló sin incidentes significativos, a pesar de algunas amenazas verbales, gracias al dispositivo establecido por la PSP (Policía de Seguridad Pública).

Amenazas a los empleados

Al ser preguntado sobre las amenazas dirigidas a los empleados durante anteriores acciones de inspección, Nelson Cunha confirmó que el ayuntamiento está recabando presupuestos para reforzar la seguridad en la entrada del Ayuntamiento, tras episodios de intimidación que atribuyó a personas afectadas por estas operaciones.