La propuesta tiene por objeto reducir la burocracia, proteger la industria europea y reforzar la competitividad. De aplicarse, este mecanismo podría otorgar a los Estados miembros una mayor influencia en el proceso legislativo de la UE, lo que cambiaría la forma en que se aprueban las normativas en todo el bloque.

En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro belga Bart De Wever pidieron que se agilicen los procedimientos de planificación y aprobación.

También propusieron suspender temporalmente determinados ámbitos normativos en virtud de una nueva norma de prioridad. Los líderes instaron a la Comisión Europea a reducir las cargas administrativas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, la propuesta no especificaba cómo funcionaría el mecanismo de emergencia ni quién podría activarlo.

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