Las propuestas incluyen la creación de un fondo semipúblico de garantía de alquileres, la introducción de límites temporales a los alquileres (con los correspondientes incentivos fiscales) y un aumento estructural de la oferta pública de viviendas asequibles.

El fondo propuesto seguiría el modelo del programa francés «Visale» y cubriría hasta seis meses de atrasos en el pago del alquiler para el arrendador en caso de que el inquilino no pudiera pagar debido al desempleo, una enfermedad o una pérdida de ingresos. Esto evitaría de forma efectiva el desahucio del inquilino, convirtiendo lo que, de otro modo, sería una batalla legal en un problema financiero a corto plazo muy manejable.

En unas declaraciones al periódico «Diário de Notícias» (DN), el asesor estratégico de Deco, Paulo Fonseca, dejó claro que esto ni siquiera supondría un nuevo coste, ya que se trataría de un anticipo y no de una subvención. La financiación inicial provendría de la consolidación de los fondos existentes (la garantía pública prevista en el artículo 15-LA del Nuevo Régimen de Arrendamientos Urbanos, que «solo entra en juego una vez iniciado el proceso de desahucio», y el Fondo de Emergencia para la Vivienda, que ya se ha anunciado) con una «contribución muy pequeña de los propios propietarios».

Los inquilinos tendrían que devolverla en un plazo de hasta 36 meses mediante un plan de pago adaptado a sus ingresos. Si un inquilino que puede permitírselo se niega simplemente a pagar, la deuda se cobraría mediante ejecución fiscal. La asociación señala el marcado contraste con la situación actual del mercado, en la que «un arrendador espera, de media, 10 meses a que se produzca un desahucio» y «muy a menudo ni siquiera recupera el dinero».

Además del mecanismo de garantía, la organización aboga por una medida transitoria de tres años (solo en zonas con presión inmobiliaria y únicamente para los contratos de alquiler existentes), en la que el alquiler de cualquier nuevo contrato se indexaría a la tasa de inflación. Deco deja muy claro al DN que esto no supone en absoluto una congelación del alquiler: «el arrendador conserva el valor real del alquiler».

Ante la preocupación de que tal medida pueda reducir la oferta, la organización señala que «de hecho, se firmaron más de 151 000 contratos en 12 meses bajo el límite del 2 % que estaba en vigor».

Se trata de una crítica a la decisión del Gobierno de eliminar el límite máximo precisamente cuando los alquileres están subiendo. En cuanto a la eficacia de dicha medida, la organización pone como ejemplo Barcelona, donde los alquileres medios han «descendido un 4,4 %» y el número de contratos «ha aumentado un 5,9 %».

Sin embargo, la aplicación del ejemplo de Barcelona a la situación actual entra en conflicto directo con las conclusiones del centro de investigación EsadeEcPol y de diversos informes del sector inmobiliario, que apuntan a un efecto de «desplazamiento», en el sentido de que la demanda se está desplazando hacia las zonas periféricas (donde se están registrando subidas de precios de dos dígitos) y se está produciendo un desplazamiento significativo de viviendas hacia el mercado estacional y de alquiler por habitaciones, lo que, en la práctica, elude la normativa.

El documento de Deco se estructura en torno a cuatro pilares estratégicos: protección, equilibrio, aumento de la oferta y garantía de la transparencia del mercado.

Establece un calendario para la aplicación de 18 propuestas en distintos plazos. A corto plazo (hasta un año), las propuestas incluyen: reforzar las garantías contractuales exigiendo la notificación y la mediación gratuita antes de cualquier desahucio; ampliar la ayuda extraordinaria al alquiler a los hogares con una relación alquiler-ingresos superior al 35 %; aumentar la deducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRS) por el pago del alquiler a 1 000 € a partir de 2027 (con ajustes anuales por inflación); la publicación de un informe anual sobre la vivienda; y la publicación de una lista de inmuebles de propiedad estatal que estén desocupados y destinados a viviendas de alquiler asequibles.

A medio plazo (1-4 años): Apoyar la aprobación de un Programa Nacional de Vivienda para el periodo 2027-2031 con el fin de alcanzar una cuota de vivienda pública del 5 % para 2030. Hacer obligatorias las Cartas Municipales de Vivienda en los 308 municipios de aquí a 2028 (como condición previa para acceder a fondos públicos).

Introducir una ordenación territorial inclusiva para los proyectos de desarrollo a gran escala, establecer un registro público de alquileres y crear una Autoridad Reguladora de la Vivienda con facultades sancionadoras.

Establecer plazos vinculantes para el proceso de concesión de licencias y definir un régimen jurídico específico para los alquileres para estudiantes. A largo plazo (5-10 años): Alcanzar una cuota del 10 % de vivienda pública, cooperativa y sin ánimo de lucro para 2036; revitalizar los fondos municipales de suelo captando el valor del suelo como resultado de la planificación urbana; y garantizar un acuerdo marco de 10 años que proporcione la estabilidad legislativa y financiera necesaria.

Deco (la organización de defensa del consumidor) advierte de que «lo que mina la confianza tanto del arrendador como del inquilino es el constante cambio de las normas con cada nuevo gobierno».

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