La sesión, marcada también por las propuestas de las Juventudes Socialdemócratas, destacó la importancia de la formación política y presentó medidas de fomento de la vivienda asequible, acompañadas de líneas de crédito en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y planes para duplicar la construcción de viviendas en los próximos años.
También se reafirmaron los éxitos de la reciente política fiscal, señalando la reducción del IRPF y del Impuesto de Sociedades como instrumentos de confianza para familias y empresas, mientras que el aumento de la calificación de Portugal se presentó como prueba de credibilidad internacional. Entre los anuncios, quedó clara la intención del Gobierno de presentarse como reformista, atento a las dificultades de los jóvenes y comprometido a que "nadie se quede atrás".
Pero es precisamente aquí donde reside el mayor desafío. Portugal ya no puede vivir sólo de discursos o de resoluciones aprobadas por el Consejo de Ministros. La Reforma del Estado y de la Administración Pública necesita despegar y llegar a la vida real de los ciudadanos y de las empresas.
El Estado portugués sigue funcionando como un laberinto de normas superpuestas, dictámenes circulares y plazos interminables. Además de la "vitamina B", expresión popular para designar los pequeños favores que aún lubrican los procesos administrativos, es necesario crear una máquina pública transparente, previsible y eficaz. La economía nacional no puede ser rehén de licencias que tardan meses, ni de procesos duplicados que hacen perder inversión y talento.
Las líneas anunciadas por el Gobierno, revisión del Código de Procedimiento Administrativo, simplificación de la concesión de licencias industriales y urbanísticas, reorganización de los servicios, van en la buena dirección. Pero la ejecución será la verdadera prueba: más que grupos de trabajo, es necesaria una transformación pragmática, con resultados mensurables.
En un contexto internacional marcado por los rápidos cambios en las cadenas económicas y la incertidumbre geopolítica, la capacidad de atraer inversiones depende de factores sencillos: estabilidad, rapidez y claridad normativa. Cada semana perdida en un proceso administrativo es una oportunidad perdida para el país.
La reforma de la Administración Pública debe verse, por tanto, como una opción estratégica, no sólo como un ejercicio de reorganización interna. Se trata de competitividad, soberanía económica e incluso influencia internacional. Portugal necesita un Estado capaz de apoyar a quienes emprenden, invierten y crean empleo, y no una máquina que se alimenta de sí misma.
Aplaudir las intenciones es importante, pero ya no basta. El momento exige coraje y ejecución. Simplificar no es sólo una promesa electoral: es una urgencia nacional.