Lo que falta es voluntad política, valor para ejecutar y un compromiso real con quienes viven, construyen e invierten en este país. Lo que hace falta ahora es practicar. Resolver lo que está a la vista, pero que muchos prefieren ignorar.

El mercado inmobiliario portugués vive un momento de enorme desequilibrio. Los precios de la vivienda siguen subiendo con fuerza; los alquileres crecen a un ritmo insostenible y la nueva oferta es residual. Cada trimestre agrava la crisis ya instalada. La concesión de licencias no sigue el ritmo de la demanda, la burocracia paraliza y el tiempo de absorción de los inmuebles en el mercado es cada vez menor, señal de que hay mucha más demanda que oferta.

El primer paso para una respuesta seria sería conocer la dimensión real del problema. Pero Portugal sigue careciendo de datos fiables sobre sus necesidades de vivienda. No existe una encuesta rigurosa, por regiones o parroquias, que permita esbozar una estrategia de intervención. El gobierno central debería empezar por ahí: exigir a las autoridades locales cifras verdaderas, objetivas y transparentes. ¿Cuántas familias no tienen hogar? ¿Cuántos jóvenes buscan casa y no pueden permitírsela? ¿Cuántas casas hay degradadas, vacías o a la espera de pequeñas obras? Sólo con esta información será posible establecer prioridades y construir con propósito.

El alquiler es una de las claves de la solución, pero ha sido tratado como el pariente pobre del sector. Portugal es, históricamente, un país de propietarios. El porcentaje de hogares con vivienda en propiedad es uno de los más altos de Europa, sólo superado por Polonia. Esto se debe a décadas de políticas que han desincentivado el alquiler: elevados impuestos sobre las rentas, alquileres congelados durante años, falta de protección jurídica de los propietarios y permisos urbanísticos lentos e imprevisibles.

El resultado es lo que vivimos hoy: escasez de oferta, aumento constante de los precios y un mercado del alquiler que no responde a las necesidades reales.

No hace falta imaginar más. Es necesario actuar. Imaginemos que el Estado crea un programa que no requiere gasto público, sólo una redistribución inteligente de la carga fiscal. Un programa en el que los propietarios que alquilen viviendas por plazos mínimos de cinco años se beneficien de un tipo impositivo sobre las rentas de la propiedad reducido al 8% (en lugar del 25% actual), y de la exención del IMI durante el periodo del contrato. ¿Y qué pasa con los que alquilan su segunda vivienda por periodos de 5 años para quedar exentos de impuestos porque sustituyen la obligación del Estado de proporcionar vivienda a terceros?

Con esta medida, los caseros mantendrían los ingresos netos, los inquilinos verían reducidos los alquileres entre un 25% y un 30% y en algunos casos incluso más, y el Estado compensaría la pérdida fiscal aumentando los contratos formalizados, reduciendo las ayudas de emergencia y combatiendo la economía sumergida.

Con esta medida, los propietarios mantendrían sus ingresos netos, los inquilinos verían reducidos sus alquileres entre un 25% y un 30%, y el Estado compensaría la pérdida fiscal aumentando los contratos formalizados, reduciendo los subsidios de emergencia y combatiendo la economía sumergida.

Si a esto se añade un régimen simplificado y rápido de desahucios por incumplimiento probado, resuelto en 30 días, se recuperaría la confianza de los propietarios en el mercado. A estas medidas se añadiría un estímulo a la rehabilitación urbana, con la devolución parcial del IVA en las obras de mantenimiento y modernización de inmuebles destinados al alquiler.

En conjunto, estas medidas podrían devolver al mercado decenas de miles de viviendas actualmente paradas, ilegales, degradadas o simplemente abandonadas. Se calcula que el alquiler por sí solo, bien estructurado, podría responder a cerca del 25% de las necesidades actuales de vivienda en el país.

Lo más importante sería garantizar estabilidad y previsibilidad. Un programa de esta naturaleza necesita un compromiso político firme entre los principales partidos, firmado y respetado durante al menos quince años. Sólo así se generará confianza para invertir, construir y alquilar.

Portugal no se enfrenta a una burbuja inmobiliaria; se enfrenta a una crisis de accesibilidad y de visión. Mientras discutimos diagnósticos, el problema se agrava a la vista de todos. El alquiler, si se trata con seriedad, puede ser un vector decisivo para devolver el equilibrio al mercado y la dignidad a las familias.

El país no necesita imaginar más. Hay que hacerlo. Con pragmatismo, responsabilidad y valentía. Porque lo que está en juego no son sólo las casas. Es el derecho a vivir, con estabilidad y esperanza, en el país que hemos construido.