En la pregunta dirigida a la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, a la que Lusa ha tenido acceso hoy, once diputados del grupo parlamentario del PS, entre ellos el diputado electo por la circunscripción de Castelo Branco, Nuno Fazenda, cuestionan que el Gobierno "tenga conocimiento de las inversiones en cuestión y de sus impactos".

Los socialistas también quieren saber si, durante este proceso, "el Gobierno mantuvo alguna reunión con los alcaldes y otras entidades representativas de la región" y, en caso afirmativo, "qué reuniones y a qué conclusiones se llegó".

Los parlamentarios subrayan que el Partido Socialista (PS) ha seguido de cerca el desarrollo de varios proyectos de producción de energías renovables en Portugal, en el marco del esfuerzo nacional y europeo hacia la descarbonización y la transición energética.

"Este es un objetivo que el PS inició y siempre ha defendido, promoviendo un modelo energético más sostenible, basado en la diversificación de fuentes limpias y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero", subrayaron.

Uno de los proyectos está relacionado con una central fotovoltaica en Beira e incluye la instalación de 425.600 módulos fotovoltaicos, con una potencia total de 266 megavatios (MW), en un área de 524.4 hectáreas en los municipios de Castelo Branco (Monforte da Beira, Malpica do Tejo, Benquerenças, Unión de Parroquias de Escalos de Baixo y Mata y Castelo Branco) e Idanha-a-Nova (Ladoeiro y Unión de Parroquias de Idanha-a-Nova y Alcafozes).

Este proyecto fue sometido a consulta pública y se encuentra actualmente en fase de análisis. El otro proyecto se refiere a la central solar fotovoltaica de Sophia, que abarca los municipios de Fundão, Idanha-a-Nova y Penamacor, en el distrito de Castelo Branco. Representa una inversión de aproximadamente 590 millones de euros y una capacidad instalada de 867 MWp (megavatios pico).

"Profunda preocupación"

Los diputados del PS (Partido Socialista) destacan que varias asociaciones y ciudadanos han expresado su "profunda preocupación" por el impacto medioambiental, social y económico de estos proyectos, en particular por la tala de especies protegidas (encinas y alcornoques), hábitats, suelos fértiles y actividades económicas locales como las explotaciones agrícolas y forestales, el turismo rural, el pastoreo, la caza y la apicultura.

Además, destacan la transformación del paisaje y el impacto sobre espacios naturales de protección múltiple, entre los que destaca el Parque Natural del Tajo Internacional.

"Por ello, es fundamental que las inversiones en cuestión cumplan escrupulosamente toda la normativa medioambiental, de ordenación del territorio y de consulta pública", subrayan los parlamentarios.

En este sentido, quieren saber qué seguimiento está realizando el Gobierno en relación con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de los dos proyectos, "a fin de garantizar su cumplimiento riguroso y transparente."

"¿Se garantiza que todas las opiniones de las autoridades competentes, así como la consulta a las poblaciones locales, han sido y serán tenidas en cuenta antes de cualquier decisión final? ¿Se contempla en el proceso de concesión de licencias la adopción de medidas efectivas para minimizar y compensar los impactos identificados, especialmente en lo que se refiere a la deforestación y al impacto sobre la biodiversidad local?", preguntan.

Por último, los diputados socialistas también quieren saber qué mecanismos concretos se están considerando para garantizar que los beneficios de estos proyectos, especialmente en términos de compensación medioambiental, retorno económico y empleo, se compartan con las comunidades locales afectadas."