La iniciativa recibió la aprobación unánime de la Comisión de Presupuestos, Finanzas y Administración Pública (COFAP), con los votos a favor de PSD, PS, Chega y CDS-PP, únicos partidos que participaron en esta votación.

Se trata de un proyecto de ley del Gobierno que transpone a la legislación nacional las normas de aplicación del Reglamento europeo 2023/1113, que refuerza las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la legislación portuguesa, adaptando las normas ya aplicadas al sector financiero en materia de transferencias de fondos a la realidad de los criptoactivos.

Con las nuevas medidas, los "prestadores de servicios de criptoactivos con sede en Portugal" serán considerados entidades financieras a efectos de supervisión por el Banco de Portugal, y tendrán que cumplir las mismas normas que ya deben seguir los bancos para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de transferencias de fondos.

Por lo tanto, el Banco de Portugal será responsable de supervisar a los "proveedores de servicios de criptoactivos con sede en Portugal", así como a los "proveedores de servicios de criptoactivos con sede en otro Estado miembro de la Unión Europea establecidos en territorio nacional de forma distinta a una sucursal", y también a las entidades de crédito u "otras entidades de naturaleza equivalente, que operen en Portugal en régimen de libre prestación de servicios".

Si las instituciones financieras identifican un "alto riesgo" de blanqueo de capitales en las transferencias de fondos o criptodivisas, tendrán que "conocer todo el circuito de los fondos o criptoactivos" y a "todos los participantes" para garantizar que "sólo participan entidades o personas debidamente autorizadas para procesar" transacciones de criptodivisas, independientemente de su capacidad.

A propuesta de los partidos PSD y CDS-PP, la iniciativa, de ser aprobada en votación final global y promulgada por el Presidente de la República, entrará en vigor el 1 de julio de 2026, junto a otra iniciativa, también votada y aprobada hoy en comisión, que traspone a la legislación nacional la normativa europea conocida como "MICA" para reforzar la supervisión de la actividad de las empresas de criptodivisas.

El PS presentó una iniciativa similar, proponiendo que la nueva normativa no entre en vigor hasta el segundo semestre del próximo año. Dado que la propuesta de PSD y CDS-PP fue validada en primer lugar, esta enmienda no llegó a votación, al considerarse ineficaz.

En la misma sesión, también se votó y aprobó por unanimidad una resolución propuesta por la bancada del PAN, en la que se recomienda al gobierno implementar políticas para combatir la publicidad engañosa de criptoactivos en plataformas de redes sociales.