La medida inicia dos proyectos en estas unidades y puede extenderse a otros establecimientos sanitarios del SNS si el director ejecutivo del SNS lo ordena.

El decreto permite a las organizaciones formar asociaciones o mecanismos de colaboración con otras entidades privadas o públicas, como los municipios, según la agencia de noticias Lusa, que tuvo acceso al decreto e informa de que debería publicarse hoy en el Boletín Oficial.

Los proyectos piloto se rigen por un pliego de condiciones elaborado por la Dirección General de Salud (DGS). Estos términos incluyen los criterios de elegibilidad, las estrategias para identificar a la población diana y el horizonte temporal. También establecen protocolos para el cribado, el diagnóstico de confirmación y el seguimiento de la respuesta clínica. Además, esbozan los requisitos de calidad y seguridad, así como las vías de derivación para los programas de deshabituación tabáquica.

Según la orden, la financiación de los proyectos piloto corre a cargo de la Administración Central del Sistema de Salud (ACSS). Esta financiación procede de la recaudación del impuesto sobre el tabaco. El 2% de estos ingresos se destina a las políticas de prevención y control del tabaquismo. Los fondos se integran específicamente en los contratos-programa entre la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud (DE-SNS) y los establecimientos sanitarios donde tienen lugar los proyectos.

La Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud (DE-SNS) coordina y supervisa los programas de detección. Las Unidades Sanitarias Locales (USL) dirigen y ejecutan los proyectos piloto. Sus tareas incluyen la organización de las vías de atención y la asignación de recursos humanos y técnicos. Deben coordinar los distintos niveles asistenciales. También velan por el cumplimiento del mandato y la presentación de informes establecidos por la Dirección General de Salud (DGS).

La DGS, con el Consejo Ejecutivo, garantiza la evaluación clínica, epidemiológica y organizativa de los proyectos piloto. También prepara un informe final. La DE-SNS verifica la ejecución del programa anual para cerrar las cuentas de los contratos del programa correspondiente.

El informe de evaluación final debe presentarse al Ministro de Sanidad en un plazo máximo de tres meses tras la finalización del periodo de ejecución de 12 meses en las Unidades Sanitarias Locales (ULS) mencionadas, incluyendo una propuesta para su posible ampliación o aplicación a escala nacional.

El Ministerio de Sanidad destaca que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer y está fuertemente asociado al consumo de tabaco. El diagnóstico precoz es crucial para mejorar la supervivencia, reducir la carga de la enfermedad y evitar el uso innecesario de los servicios sanitarios.

"Se trata de la neoplasia que más contribuye a la pérdida de años de vida saludable en la población portuguesa, lo que pone de manifiesto la magnitud de su impacto en la salud pública", subraya.

La iniciativa del Gobierno sigue una recomendación del Consejo de la Unión Europea, que en noviembre de 2022 animó a los Estados miembros a avanzar en proyectos piloto en este ámbito.

En los últimos años, varios países europeos han ensayado programas organizados dirigidos a los grupos de mayor riesgo, con resultados prometedores en la reducción de la mortalidad.

A pesar de ello, todavía no existe un consenso internacional sobre el modelo ideal para el cribado de la población, en particular en lo que respecta a los criterios de elegibilidad, la frecuencia, la organización de los itinerarios asistenciales o la integración con los programas de deshabituación tabáquica.

Los proyectos seguirán las directrices definidas por la DGS (Dirección General de Salud) basadas en las mejores pruebas científicas disponibles.

Entre las medidas previstas se encuentran el uso de la tomografía computarizada de baja dosis, la definición de criterios de elegibilidad, la creación de vías de atención estructuradas y la coordinación con los programas de deshabituación tabáquica.