El Ejecutivo también quiere introducir cambios en el Código Penal para reforzar la protección de las víctimas de la trata, según un proyecto de ley presentado al Parlamento.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue aprobado por el Consejo de Ministros y transpone una directiva europea relacionada con la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

El Gobierno quiere que el coordinador nacional contra la trata de seres humanos sustituya al actual relator nacional, que "es nombrado por el miembro del Gobierno responsable del área de Ciudadanía e Igualdad", explica el Ministerio de Justicia en un comunicado enviado hoy a las redacciones.

Entre las funciones de esta figura coordinadora estarán, añadió el gabinete dirigido por Rita Alarcão Júdice, "promover y coordinar programas de lucha contra la trata, seguir la evolución del fenómeno y los resultados de las medidas aplicadas, y recopilar estadísticas en colaboración con la Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género, el Observatorio de la Trata de Seres Humanos y la red de apoyo y protección a las víctimas."

En cuanto a los cambios en el Código Penal, el Gobierno quiere, según el documento presentado hoy a la Asamblea de la República, que se incluya en el Código Penal un artículo que prevea "la no punibilidad de las víctimas de trata de seres humanos que cometan actos ilícitos como consecuencia directa de estar sometidas a alguna de las situaciones de explotación" previstas en la ley.

En estos casos, basta con constatar durante la investigación que el delito imputado a la víctima es consecuencia directa de la trata de seres humanos, incluidos los delitos relacionados con "la inmigración ilegal o el trabajo sin las autorizaciones necesarias, los delitos de falsificación de documentos y utilización de documento de identificación o viaje ajeno, y delitos más graves como el robo, el hurto, la violación de domicilio y el tráfico de drogas".

El objetivo es "animar a las víctimas de la trata a denunciar el delito o buscar apoyo y asistencia", dice la propuesta de ley.

Además de esta propuesta, que será debatida por los diputados de la Asamblea de la República, el Gobierno también aprobó, en Consejo de Ministros, la transposición de otra directiva europea relacionada con las pruebas electrónicas.

En el mismo comunicado, el Ministerio de Justicia explica que aproximadamente el 85% de las investigaciones penales en la Unión Europea utilizan datos en un entorno digital, a menudo fuera del país donde tiene lugar la investigación, y por ello, la propuesta consiste en crear "normas aplicables a la designación de establecimientos y representantes legales de proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, nombres de dominio y otros servicios de la sociedad de la información, a efectos de cooperación en materia penal".