En un comunicado publicado hoy, la asociación dirigida por Luís Miguel Ribeiro subraya que el Presupuesto General del Estado para 2027 (OE2027) «debe situar el crecimiento económico y la competitividad empresarial en el centro de la política económica».

«Portugal está creciendo, pero no lo suficiente como para converger con la Unión Europea. Por lo tanto, los próximos presupuestos deben crear las condiciones para que la economía crezca a un ritmo más rápido, impulsada por el aumento de la inversión, la productividad, las exportaciones y el valor añadido», argumenta.

En este sentido, la asociación aboga por «una menor carga fiscal para quienes invierten y crean valor» y por un sistema tributario «que fomente el crecimiento empresarial, la capitalización y la conquista de nuevos mercados».

Renta de las sociedades

Entre las medidas propuestas se encuentra un tipo del 12,5 % ​​tipo del impuesto sobre la renta de las sociedades (IRC) durante los tres primeros ejercicios fiscales para las empresas resultantes de fusiones entre pequeñas y medianas empresas (pymes) —incluido un incremento del 30 % en los costes de integración empresarial subvencionables—, así como la reducción progresiva (que conducirá a su eventual eliminación) del recargo estatal (*derrama estadual*) y un aumento del 150 % en los gastos de internacionalización a efectos del impuesto de sociedades.

La AEP también aboga por prorrogar el régimen de incentivos fiscales directos del SIFIDE más allá de 2026 —«garantizando así la estabilidad de la inversión en I+D»—, así como por eximir a las empresas no financieras del impuesto de timbre sobre la financiación destinada a necesidades de inversión o de capital circulante, reforzar los incentivos a la capitalización mediante aportaciones de capital y simplificar los pagos anticipados de impuestos.

«La economía portuguesa necesita empresas de mayor envergadura, mejor capitalizadas y más internacionalizadas. La política fiscal debería fomentar este proceso en lugar de penalizarlo», subraya la asociación.

Para la AEP, otra prioridad de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 debe ser la reducción de la carga fiscal sobre el trabajo y la inversión en la cualificación de la mano de obra, dada la escasez de mano de obra y la dificultad para atraer y retener el talento.

Ajustes anuales

Con este fin, propone reducir la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRS) mediante la reducción del número de tramos impositivos y la aplicación de ajustes anuales en dichos tramos.

También aboga por un aumento del 50 % en la deducción del Impuesto de Sociedades (IRC) para los gastos en que incurran las empresas en materia de vivienda para empleados y para los gastos relacionados con personal joven altamente cualificado, así como por que la formación modular financiada con fondos europeos —cuando se integre en los planes de formación de las asociaciones empresariales— cuente para las 40 horas obligatorias de formación continua.

Para lograr «un Estado más eficiente y un sistema judicial que no penalice a las empresas», aboga por «objetivos vinculantes para reducir progresivamente los plazos de los procedimientos judiciales de carácter económico y fiscal» con el fin de «alcanzar lo antes posible un plazo medio de resolución no superior a 180 días».

Asimismo, propone ampliar el alcance de la «aprobación tácita» (en la que el silencio administrativo implica aprobación) en los casos que no afecten a cuestiones de interés público significativo, así como la publicación sistemática de los indicadores de rendimiento de los servicios públicos.

Ante la presión sobre los costes energéticos, la AEP aboga por un apoyo excepcional, temporal y específico para los sectores más expuestos al aumento de los costes energéticos —concretamente a través de «subvenciones directas para las actividades más afectadas»—, haciendo hincapié en que «la competitividad de las empresas portuguesas no puede seguir viéndose penalizada por unos costes energéticos que comprometen su capacidad para competir en los mercados internacionales».

En cuanto a la cohesión territorial, la asociación empresarial busca medidas concretas para atraer inversión y actividad económica a las regiones menos dinámicas, en particular elevando a un millón de euros el límite máximo de la base imponible a la que se aplica el tipo del 12,5 % del impuesto sobre la renta de las sociedades (IRC).

El objetivo es crear «condiciones para atraer inversiones de referencia y generar efectos de arrastre para las microempresas y las pymes de esas regiones».

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