Las «publicaciones en redes sociales», que incluyen la afirmación de que «en 847 días, las cantidades en efectivo superiores a 10 000 € serán ilegales» y que, con el tiempo, «cada euro será programable, rastreable y estará totalmente bajo control», y que van acompañadas de una foto de Ursula von der Leyen y referencias a una «dictadura satánica», son una mezcla de legislación real y pura fantasía.

Las publicaciones hacen referencia a fechas concretas: julio de 2027 y principios de 2029. En realidad, la Unión Europea (UE) adoptó el Reglamento (UE) 2024/1624 en mayo de 2024 como parte de un paquete legislativo para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Este reglamento impone un límite de 10 000 € a los pagos en efectivo por la compra de bienes y servicios, con efecto a partir del 10 de julio de 2027. El artículo 80 del reglamento establece que «las personas que comercian con bienes o prestan servicios solo podrán aceptar o efectuar pagos en efectivo por un importe máximo de

10 000 € o su equivalente en moneda nacional o extranjera». Deja claro que la intención es combatir el comercio ilícito y que la norma no se aplica a «los pagos entre particulares a título no profesional».

El reglamento no prohíbe poseer ni transportar efectivo por importes superiores a 10 000 €. Simplemente reitera la obligación ya existente de declarar dichos importes a las autoridades aduaneras en las fronteras exteriores de la UE.

En cuanto a la ausencia de conflicto entre el reglamento de la UE y la legislación nacional, Magda Moura Canas (portavoz de DECO PROteste) declaró a SIC Verifica: «Esta exclusión significa que, en virtud de dicho artículo, el límite máximo de la UE de 10 000 € no se aplica a las transacciones privadas entre particulares que no actúen a título profesional. Así, por ejemplo, un particular que venda un artículo personal a otro particular quedaría fuera del ámbito de aplicación de ese límite de la UE».

Añade que el nuevo reglamento se limita a establecer un límite máximo común y permite a cada Estado miembro superarlo. En Portugal, la ley prohíbe cualquier cobro en efectivo de 3.000 € o más en cualquier transacción entre particulares. Así, en el ejemplo de la venta de un coche por

11 000 € entre dos particulares en Portugal, «no se permite el pago íntegro en efectivo» y «debe realizarse mediante otro medio legalmente aceptable que identifique al destinatario, es decir, una transferencia bancaria».

Señala que, si bien «la exclusión de las transacciones entre particulares puede suscitar cierta preocupación en cuanto a la trazabilidad de determinadas transacciones», el uso de un método de pago trazable «facilita, de hecho, la presentación de pruebas de la transacción» a efectos fiscales. Concluye que «el límite de 10 000 € de la UE no es en modo alguno un nuevo límite universal para todas las transacciones entre particulares y no deroga en modo alguno la legislación portuguesa, que es más restrictiva».

Las afirmaciones de que el euro será totalmente programable y rastreable se refieren al proyecto del euro digital de la UE y del BCE. Está previsto que el euro digital se ponga en circulación en 2029. Tanto el Consejo como la Comisión han dejado claro que «el euro digital complementará, y no sustituirá, al efectivo» y que este seguirá emitiéndose y utilizándose.

En lo que respecta al control estatal sobre el gasto de los ciudadanos, Piero Cipollone (miembro del Comité Ejecutivo del BCE) ha dejado absolutamente claro que «nunca será posible restringir el uso del euro digital a fines predefinidos» y que no habrá restricciones sobre dónde, cuándo o con qué fin se podrá gastar.

En cuanto a la privacidad, el BCE ha confirmado que las transacciones fuera de línea (presenciales) serán tan privadas como el efectivo, y que, en el caso de las transacciones en línea, el BCE no podrá identificar a la persona ni rastrear sus transacciones. El marco definitivo, por supuesto, sigue estando sujeto a la aprobación de la futura legislación de la UE.

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