En declaraciones a Lusa, el ministro Manuel Castro Almeida explicó que el Tribunal Administrativo y Fiscal de Castelo Branco (TAFCB) "resolvió las cuestiones jurídicas pendientes" y que la sentencia "es favorable" al avance de esa obra en el municipio de Crato, distrito de Portalegre.

"En segundo lugar, se concedieron todas las autorizaciones y licencias necesarias por parte de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente y del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques", añadió.

Según el ministro, desde el punto de vista de los procedimientos, autorizaciones, licencias y dictámenes, "se han eliminado todos los obstáculos" para que puedan avanzar las obras del Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico Multiuso de Crato, también conocido como Presa de Pisão.

"Ahora sólo falta que se firme un contrato entre el Estado y la asociación de municipios para que, a partir de entonces, puedan comenzar las obras", añadió, señalando que la firma podría producirse "en los próximos días".

"Incorrecto"

Contactado por Lusa, José Janela, de la sección comarcal de Portalegre de la asociación ecologista Quercus, una de las organizaciones no gubernamentales responsables de una acción que llevó al TAFCB a anular la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), considera que las declaraciones del Gobierno sobre este asunto son "incorrectas".

"El TAFCB ordenó que el caso fuera enviado al Tribunal Administrativo Central del Sur para la consideración de los recursos, pero sin anular la decisión que falló a favor de las organizaciones no gubernamentales ecologistas", dijo.

Ante estas declaraciones del responsable de Quercus en Portalegre, el Ministro de Cohesión Territorial explicó que se basaba únicamente en la información facilitada por los servicios oficiales.

"La información que tengo es que el tribunal falló a favor de la demanda del Estado. No he visto los documentos, sólo me baso en la información que me han proporcionado los servicios", subrayó.

La Comunidad Intermunicipal del Alto Acre es responsable de la ejecución del proyecto.

En febrero, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente presentó un recurso para impugnar la decisión judicial del 23 de enero que anulaba la DIA de la presa de Pisão, a raíz del recurso interpuesto por organizaciones no gubernamentales ecologistas de la llamada Coalición C7.

Las organizaciones ecologistas revelaron entonces que el TAFCB emitió una sentencia anulando la DIA integrada en el Título Único Ambiental (TUA) del proyecto, emitido en septiembre de 2022, habiendo, tras esta decisión, ordenado a la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente que registrase la sentencia de anulación en el TUA.

Tras este caso, e independientemente de la decisión judicial, el Gobierno anunció que varios proyectos serían retirados del Plan de Recuperación y Resiliencia, entre ellos la presa de Pisão.

La financiación del proyecto se transfirió al Presupuesto del Estado y pasó de 151 millones de euros a más de 222 millones, fijando el plazo de ejecución de todos los componentes en 2027.