En un comunicado, los ecologistas impugnan la propuesta de la empresa de gestión de residuos urbanos del Algarve(Algar) de ampliar el vertido de residuos urbanos, argumentando que "de los más de 1,5 millones de toneladas de residuos, el 40% son residuos orgánicos sin tratar".

Zero afirma que el proyecto "viola claramente la legislación vigente", concretamente el Decreto-Ley nº 24/2024, que prohíbe la eliminación de residuos no tratados en vertederos.

"Este proyecto de vertedero no prevé la clasificación adecuada de todos los residuos, ni el tratamiento de todos los residuos orgánicos, por lo que es completamente ilegal según la legislación vigente", reza el comunicado.

La consulta pública para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, propuesto por la empresa de gestión de residuos urbanos de los 16 municipios del Algarve (Algar), finalizó el 22 de septiembre.

La asociación critica a la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve(CCDR) por someter la propuesta a consulta pública, argumentando que esto "no debería haber ocurrido".

Zero advierte de los riesgos para el medio ambiente y la salud pública, como la emisión de olores, la proliferación de vectores de enfermedades y la producción de lixiviados "altamente contaminantes y difíciles de tratar".

La organización también subraya que la descomposición de los residuos orgánicos podría generar importantes emisiones de metano, un gas de efecto invernadero, lo que agravaría el cambio climático.

Según los ecologistas, la propia Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) reconoce que el actual vertedero es responsable del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio de Portimão.

Zero acusa a Algar de "mala gestión" de los residuos urbanos producidos en la región, afirmando que en 2023 el 77% de los residuos se enviaron a vertedero, lo que supone un total aproximado de 320.000 toneladas, gran parte de ellas "de forma ilegal por falta de tratamiento previo".

La asociación exige que se paralice el proyecto y que se promueva una gestión de los residuos "más sostenible y ajustada a la legalidad", con la instalación de unidades de tratamiento mecánico y biológico para evitar que "los residuos orgánicos sin tratar vayan a vertedero."