En cuestión están los decretos, recientemente aprobados en el Parlamento, que refuerzan la regulación sobre transacciones con criptoactivos a partir de julio de 2026 y actualizan las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales para adaptarlas a la realidad de las transferencias con determinados criptoactivos.

El 13 de diciembre, el Presidente de la República promulgó las nuevas normas sobre criptoactivos, pero con reservas, afirmando que lo hacía para evitar que Portugal fuera sancionado por no legislar las normas europeas (concretamente el MiCA - Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos, aprobado en 2023 pero que aún no se aplica en Portugal) y porque considera que es mejor tener "un control deficiente que no tener ninguno".

La nueva normativa define que las entidades responsables de la regulación y supervisión de los criptoactivos en Portugal son el Banco de Portugal y la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios(CMVM), compartiendo competencias, y que serán las encargadas de publicar periódicamente la lista actualizada de entidades autorizadas a prestar servicios de criptoactivos en Portugal, especificando también los servicios para los que están autorizadas.

También se definen las obligaciones de los prestadores de servicios de criptoactivos, incluyendo la formación de los trabajadores, aunque la ley no es muy específica en este contexto.

Sanciones

El régimen sancionador prevé sanciones para quienes incumplan sus deberes como prestadores de servicios de criptomoneda. En caso de infracciones muy graves, las multas pueden alcanzar hasta 2,5 millones de euros para los particulares y 5 millones de euros para las empresas.

Los límites de las multas también pueden aumentar, alcanzando, por ejemplo, el 15% de los ingresos en el caso de infracciones relacionadas con abusos de mercado vinculados a las criptomonedas.

Entre las infracciones más graves figuran la prestación de servicios de criptomoneda sin autorización de las autoridades, la manipulación del mercado o la comunicación de información falsa o incompleta a las autoridades, al público o a los clientes.

Además de las multas, también pueden aplicarse sanciones accesorias, como la restitución de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas como consecuencia de la infracción, o la prohibición de realizar actividades.