La iniciativa fue aprobada con los votos a favor del PSD, las abstenciones del PS y Chega, y los votos en contra de Iniciativa Liberal (IL) y el PCP.

En la explicación de su voto, la diputada y presidenta de la IL justificó su voto en contra de la resolución alegando que la materia que aborda está contemplada en el artículo 273 del Código Laboral y que la resolución "se basa en un principio equivocado".

Mariana Leitão argumentó que "los aumentos sucesivos por decreto" no crean riqueza y que fijar el salario mínimo por decreto no "cambiará el paradigma del país".

Por parte del PS, Miguel Cabrita consideró la propuesta "redundante" y señaló que, aunque el actual acuerdo de Concertación Social estipula los objetivos para el salario mínimo nacional hasta 2028, este año el Gobierno no ha iniciado ninguna "discusión adicional" sobre este asunto y, por otro lado, está fomentando la precariedad con el proyecto de reforma de la legislación laboral.

Felicidade Vital, de Chega, también criticó el proyecto de resolución, afirmando que "es más de lo mismo" y argumentó que corresponde al partido que apoya al Gobierno "dar respuestas concretas". Mientras que Alfredo Maia, del PCP, dijo que el documento "no resuelve ni aborda las causas" de los bajos salarios que enfrenta el país y, junto a Miguel Cabrita, apuntó a la "ofensiva que está en marcha contra los trabajadores y sus derechos".

La diputada socialdemócrata Carla Barros rechazó las críticas sobre la redundancia de la resolución, afirmando que es "un refuerzo" de la "continua manifestación" del PSD sobre "cuestiones de renta y salarios", aunque admite que "queda mucho por hacer".

La propuesta de resolución socialdemócrata recomienda al Gobierno reforzar el debate en la Concertación Social para "seguir evolucionando en el aumento progresivo de las rentas de los ciudadanos", en particular el salario mínimo y el salario medio, aunque no define cifras concretas.

El acuerdo, firmado en octubre de 2024 entre el Gobierno, las cuatro confederaciones empresariales y la Unión General de Trabajadores (UGT), revisaba al alza el salario mínimo nacional, estableciendo incrementos anuales de 50 euros para que alcance los 1.020 euros en 2028.

Sin embargo, tras las elecciones generales del 18 de mayo, el Ejecutivo fijó en su programa de Gobierno un nuevo objetivo para toda la legislatura, que pretende que el salario mínimo garantizado alcance los 1.100 euros brutos mensuales en 2029.

El salario mínimo nacional subió este año a 920 euros, y el acuerdo prevé que aumente a 970 euros en 2027 y a 1.020 euros en 2028.

Por otra parte, este acuerdo también establece puntos de referencia para la revalorización del salario medio (que no depende de un decreto gubernamental), previendo que alcance los 1.731 euros en 2026, los 1.809 euros en 2027 y los 1.890 euros en 2028.

También se aprobó por unanimidad el dictamen que se presentará a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Administración Pública sobre la Cuenta General del Estado para 2024.