"Pánico total"

El presidente del Supremo Tribunal Administrativo(STA), Jorge Aragão Seia, afirma que la institución está en "pánico total", paralizada internamente tras una avalancha de decisiones judiciales. Durante una operación especial de los tribunales administrativos para tramitar los casos de inmigración pendientes, más de 12.000 órdenes y unas 7.000 sentencias inundaron el organismo en sólo mes y medio. Esta abrumadora oleada ha paralizado la capacidad de respuesta de AIMA, provocando una grave desorganización y una severa escasez de recursos.

La crisis de la jurisdicción administrativa ha alcanzado un punto crítico desde el verano de 2024, ya que los tribunales reciben ahora cientos de demandas diarias de ciudadanos extranjeros que buscan urgentemente regularizar su situación en Portugal.

Intervención inmediata

El gran volumen, que ya alcanza los 133.000 casos, exige una intervención inmediata. En respuesta, el poder judicial movilizó un equipo extraordinario de 28 jueces que trabajan fuera del horario habitual. Aunque este aumento afecta a los servicios de AIMA, el responsable del STA insiste en que los tribunales mantendrán un ritmo incesante, afirmando que la justicia no puede permitir que los casos se acumulen sin que se den respuestas rápidas a los ciudadanos.

Reforzar el personal

Como solución, el presidente del STA subraya la necesidad urgente y crítica de un refuerzo masivo de los recursos humanos e informáticos, instando a la creación inmediata de una fuerza extraordinaria de empleados dedicados exclusivamente a las notificaciones judiciales y al servicio público.

Jorge Aragão Seia insiste además en ajustes legislativos para inyectar mayor flexibilidad al proceso administrativo, permitiendo a los inmigrantes que carecen de documentación permanecer legalmente en el país mientras se regularizan los asuntos pendientes, e impidiendo directamente que los rechazos desencadenen la expulsión automática.

El magistrado también lanzó una clara advertencia al Ejecutivo sobre sus intenciones de acelerar la expulsión forzosa de ciudadanos extranjeros.

Sin cambios legislativos debidamente alineados con la normativa de la UE, Aragão Seia advierte de que el país se arriesga a una oleada de recursos judiciales y posibles condenas a pagar indemnizaciones por violaciones de la legislación europea.

Junto a las cuestiones de inmigración, el sistema de justicia administrativa está lidiando con su propia escasez de personal y retrasos históricos, con estimaciones que sugieren que se necesitan al menos 60 jueces más para resolver los casos pendientes y cumplir el objetivo de resolver todos los casos antes de 2025 para 2029.

Preocupación creciente

El panorama del sector está marcado además por la creciente preocupación del Tribunal Supremo ante el aumento de las tácticas dilatorias y los recursos abusivos, que ya están siendo penalizados como litigios de mala fe.

Al mismo tiempo, el tribunal gestiona la presión de la justicia fiscal, donde actualmente hay retenidos unos 19.000 millones de euros en causas económicas de gran envergadura, como las que afectan a parques eólicos y fotovoltaicos.

Según el presidente del Tribunal Supremo Administrativo (STA), para invertir esta situación general es necesaria una reforma estructural y una aceleración de la formación de nuevos jueces por parte del Centro de Estudios Judiciales, reduciendo el periodo de formación a 2 años para garantizar una respuesta rápida a las necesidades del país.