El documento cuenta con el respaldo de las empresas Proactivetur, AlgarvianRoots, Pernatur, Seed Tours y GeoWalks & Talks, así como de los guías turísticos Miguel Rodrigues (A Céu Aberto), Daniel Martins y Ana Marta Costa.

Los firmantes señalan que la fama internacional de la ruta ha provocado una afluencia de turistas sin precedentes, a la que no han respondido medidas adecuadas en materia de conservación, seguridad y ordenación del territorio.

Entre los principales problemas destacados figuran la masificación de la ruta, el tráfico no regulado de bicicletas y caballos, el aparcamiento caótico, la acampada ilegal y la acumulación de basura y residuos a lo largo del recorrido, así como una falta estructural de infraestructuras básicas de apoyo, como aseos públicos.

Comportamientos de riesgo

Los operadores también advierten de la frecuente aparición de comportamientos de riesgo cerca de acantilados y sumideros, a menudo fomentados por los denominados «guías» que carecen de cualificación profesional, lo que acelera la erosión del suelo y la destrucción de la vegetación autóctona.

En un comunicado, las empresas hacen hincapié en que esta situación no solo amenaza el patrimonio natural, sino que también supone un riesgo para la seguridad de miles de visitantes y compromete la calidad de la experiencia turística, poniendo así en peligro la reputación internacional del Algarve.

Concienciación medioambiental

Aunque los profesionales trabajan a diario para fomentar la concienciación medioambiental entre los clientes, el grupo sostiene que sus esfuerzos privados no pueden sustituir a una estrategia pública estructurada. Por consiguiente, solicitan con urgencia la intervención de las autoridades competentes para poner en marcha un plan de gestión integrado.

Sus propuestas incluyen supervisar la capacidad de acogida del sendero, reforzar la aplicación de la normativa y la vigilancia, controlar el acceso de vehículos, mejorar la señalización y establecer programas continuos de restauración ecológica.

Los firmantes aclaran que no abogan por restricciones prohibitivas en el uso de la zona, sino por una gestión responsable que equilibre la conservación de la naturaleza con la viabilidad de la actividad económica.