En los casos en que los estudiantes becados tengan que recurrir a un alojamiento privado, el Estado abonará una ayuda económica, incluso si el arrendador no facilita un contrato de alquiler. El Ministerio de Educación garantiza que solo es necesario presentar una declaración en la que se indique que se ha solicitado plaza en una residencia universitaria, pero que no se ha garantizado la disponibilidad de la misma.

La medida está contemplada en la normativa de concesión de becas para la Educación Superior. En el caso de los estudiantes que tengan que recurrir a alojamientos privados, podrán recibir una ayuda de 500 € en Lisboa, 419 € en Oporto y 338 € en Coimbra.

La medida cobra aún más relevancia en un momento en el que muchas habitaciones se alquilan sin contrato. En este contexto, el Gobierno pretende reducir las tasas de abandono universitario, que a menudo se deben a la imposibilidad de pagar un alojamiento privado debido a los elevados precios que cobran los propietarios, o a la escasez de plazas en las residencias universitarias.

Ayuda para todos

Este año, los estudiantes desplazados recibirán inicialmente unos 161 € al mes para el alojamiento, lo que corresponde al 30 % del Índice de Apoyo Social (IAS), que en 2026 se fijará en 537,13 €. Si no hay plazas disponibles en una residencia universitaria, la ayuda aumenta en función del municipio en el que el estudiante se vea obligado a alquilar una habitación de propiedad privada.