El Parlamento comunicó esta medida mediante una carta de la oficina de José Pedro Aguiar-Branco dirigida a los vicepresidentes de la Asamblea de la República, a los líderes parlamentarios y a los únicos diputados de BE, PAN y JPP, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Lusa.

La carta indica que la Asamblea de la República, el 20 de octubre, «presentó una solicitud para actuar como parte coadyuvante en el proceso judicial en el que se están investigando hechos que podrían constituir los delitos de allanamiento de un lugar cerrado al público, hurto agravado y daños, relacionados con las instalaciones y los bienes parlamentarios».

Se subraya, pues, que esta decisión «se produce en una fase en la que el desarrollo de la investigación y las medidas ya adoptadas justifican una intervención procesal más activa por parte de la Asamblea de la República, con el fin de supervisar los hechos objeto de investigación y salvaguardar los intereses de la institución».

Representación jurídica

En este contexto, la carta indica que la representación jurídica del Parlamento correrá a cargo del abogado José António Barreiros, «a título gratuito, sin que ello suponga ningún coste para la institución».

La carta destaca asimismo que «de conformidad con el compromiso adquirido en la conferencia de líderes», José Pedro Aguiar-Branco «seguirá supervisando de cerca la evolución de este asunto, con el fin de esclarecer plenamente los hechos y salvaguardar los intereses y el patrimonio de la Asamblea de la República».

Asalto a la oficina

En la mañana del 28 de julio, el presidente de Chega publicó en las redes sociales imágenes de su despacho en el Parlamento con los armarios abiertos y documentos esparcidos por el suelo, lo que indicaba que había sido objeto de actos vandálicos.

En una rueda de prensa, André Ventura afirmó que habían desaparecido dos memorias USB y otros objetos, entre ellos material relacionado con la comisión de investigación parlamentaria que Chega impuso unilateralmente sobre las actuaciones del ministro Luís Neves como director nacional de la PJ (Policía Judicial) e información política relativa a la oficina del primer ministro, Luís Montenegro.

Investigación policial

Ese mismo día, la Unidad Nacional Antiterrorista de la PJ se desplazó al Parlamento para recabar pruebas y recabó información con el fin de aclarar las entradas y salidas del recinto entre la noche del 27 de julio y la madrugada del día siguiente, así como la secuencia de los hechos.

El 30 de julio, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación, que se está tramitando en el Departamento Regional de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa. La PJ colabora en la investigación. A principios de septiembre, el fiscal general de la República, Amadeu Guerra, afirmó que la investigación de la Fiscalía sobre la presunta invasión y robo en la oficina de André Ventura es urgente.

El 18 de septiembre, el Parlamento aprobó por unanimidad las autorizaciones para que André Ventura y los diputados del partido Chega, Francisco Gomes y Paulo Seco, prestaran declaración por escrito en calidad de testigos.

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