El ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, afirma que, en la actualidad, miles de viviendas no se ofrecen en el mercado del alquiler a largo plazo, a menudo porque a los propietarios les preocupan los riesgos que conlleva alquilarlas.

Entre ellas se incluyen las segundas residencias y los inmuebles que actualmente se utilizan como alojamiento turístico a corto plazo.

En declaraciones a la emisora de radio Observador, el ministro explicó que el objetivo del Gobierno es restablecer la confianza entre los propietarios, para que se muestren más dispuestos a alquilar sus viviendas.

Reconoció que quizá no se alcance el objetivo total de 300 000 viviendas, pero cree que algunas podrían estar disponibles en los próximos meses o a lo largo de 2027.

Las propuestas del Gobierno incluyen facilitar a los propietarios el desalojo de los inquilinos que incumplan sus obligaciones contractuales, eliminar los límites a las fianzas y a los pagos anticipados de alquiler, y modificar la normativa que regula los contratos de alquiler firmados antes de 1990.

Las medidas tienen por objeto animar a más propietarios a incorporarse al mercado del alquiler, aunque algunos de los cambios propuestos aún se están debatiendo en el Parlamento.

El Partido Socialista ha criticado algunos aspectos de las reformas, argumentando que podrían debilitar las protecciones de los inquilinos.

Pinto Luz ha defendido las propuestas, afirmando que la legislación vigente no ha logrado impedir que los alquileres y los precios de la vivienda sigan subiendo.

El ministro también ha destacado el aumento del apoyo gubernamental a la vivienda, señalando que las ayudas anuales al alquiler han pasado de unos 50 millones de euros a más de 300 millones.

Según las cifras que presentó, las medidas del Gobierno también han ayudado a unos 130 000 jóvenes a adquirir su primera vivienda en los últimos dos años.

El Gobierno espera entregar 40 000 viviendas para finales de 2026 y otras 50 000 en 2027.

Para quienes tienen dificultades para encontrar un lugar asequible donde vivir, la gran pregunta es si estos cambios convencerán realmente a los propietarios para que pongan a disposición sus viviendas, y si las viviendas adicionales estarán al alcance de quienes las necesitan.

Por ahora, la cifra de 300 000 sigue siendo una ambición del Gobierno más que un aumento garantizado de la oferta de viviendas.

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