El Gobierno ha aprobado una nueva normativa para resolver los litigios sucesorios que mantienen inmovilizados durante años los inmuebles y los terrenos rurales, lo que puede impedir su venta, alquiler o aprovechamiento.

António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia, anunció el nuevo decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el jueves 22 de octubre.

Según informa ECO, el nuevo marco introduce un procedimiento especial para la venta de inmuebles que forman parte de herencias indivisas cuando los beneficiarios no logran ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ellos.

Esta reforma pretende abordar un problema que, según el Gobierno, contribuye a la escasez de viviendas en el país.

Según las cifras del censo de 2021 citadas por el Ejecutivo, Portugal cuenta con unas 485 000 viviendas desocupadas, de las cuales, según se informa, más de la mitad se encuentran en buen estado, pero no están destinadas a la venta ni al alquiler.

Leitão Amaro argumentó que los desacuerdos entre tan solo uno o dos miembros de una familia pueden impedir que inmuebles que, de otro modo, serían utilizables, lleguen al mercado.

El problema se extiende también al campo, donde el Gobierno estima que 3,4 millones de parcelas rurales siguen bloqueadas en herencias indivisas. Estas disputas pueden dejar las tierras sin gestionar, incluso en zonas donde la falta de mantenimiento puede aumentar el riesgo de incendios forestales.

Solicitud de venta

Según la nueva normativa, un solo heredero puede solicitar la venta de un inmueble perteneciente a una herencia indivisa una vez transcurrido el plazo aplicable de dos años sin que se haya llegado a un acuerdo.

Anteriormente, un desacuerdo entre los beneficiarios podía paralizar todo el proceso, incluso cuando otros herederos deseaban vender o dividir los bienes.

El nuevo procedimiento pretende romper ese punto muerto, al tiempo que garantiza que los inmuebles se vendan a su valor de mercado, recurriendo a tasaciones independientes para determinar el valor del inmueble y a una subasta electrónica como vía principal de venta si no se alcanza un acuerdo privado.

Además, los herederos dispondrán de seis meses para intentar resolver el conflicto o acordar una venta privada antes de que se llegue a la fase de subasta.

La legislación también ofrece a los herederos la oportunidad de conservar la propiedad, incluso mediante el derecho de preferencia aplicable, en lugar de perder automáticamente la posibilidad de adquirirla cuando se inicie la venta.

Viviendas familiares

Esta reforma incluye salvaguardias para situaciones vulnerables, como la exclusión de un inmueble utilizado como vivienda familiar del procedimiento especial de venta, salvo que el cónyuge o la pareja superviviente dé su consentimiento expreso, incluidas las parejas en uniones de hecho legalmente reconocidas.

Además, las sucesiones insolventes también quedan excluidas del proceso especial.

Estas normas tienen por objeto ofrecer una vía para salir de disputas prolongadas sin eliminar las protecciones para las personas afectadas por la venta de los bienes heredados.

El decreto-ley también introduce la figura de un albacea con facultades para supervisar la partición de la herencia.

Este nombramiento tiene por objeto centralizar las responsabilidades de administración, liquidación y distribución de los bienes heredados, reduciendo así la dependencia del avance del proceso respecto al acuerdo de los herederos en cada paso.

El Gobierno también está introduciendo un marco de arbitraje sucesorio para los litigios contemplados en las nuevas disposiciones, con la esperanza de que estas medidas reduzcan los largos procedimientos judiciales y simplifiquen la liquidación de las herencias.

Procedimiento especial

Estas reformas se producen tras la aprobación de la Ley n.º 49/2026, publicada el 17 de agosto, que autorizó al Gobierno a introducir el procedimiento especial de venta de bienes y a modificar el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil.

Este marco tiene por objeto abordar los casos existentes y las futuras sucesiones, lo que significa que las familias que ya se enfrentan a sucesiones sin resolver podrían beneficiarse del nuevo mecanismo, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables.

El Gobierno afirma que el objetivo es aprovechar mejor el parque inmobiliario y los terrenos rurales existentes en Portugal, al tiempo que se reduce el número de sucesiones que permanecen sin resolver durante años o incluso décadas.

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