Las propuestas surgen como respuesta al fenómeno del «turismo sanitario» y tienen por objeto exigir un justificante de domicilio o un seguro médico. Las medidas también pretenden reforzar los mecanismos de recaudación de los pagos por los servicios prestados.

Según se ha informado, en el debate parlamentario los partidos argumentaron que «los extranjeros no residentes deberían pagar los tratamientos, señalando las dificultades para cobrar las cantidades adeudadas», tal y como se describe en una nota difundida por el Gobierno. El diputado del PSD, Alberto Machado, afirma además que, en caso de impago de los servicios prestados, la deuda correrá a cargo de los contribuyentes residentes en Portugal. El Gobierno asegura, asimismo, que las medidas aprobadas salvaguardan los derechos de los inmigrantes residentes legales y el acceso de los no residentes al servicio de urgencias, cuyos costes deben correr a cargo de estos mismos o a través de un seguro médico.

El debate tiene lugar en un contexto marcado por las dificultades para «identificar y facturar los servicios prestados a usuarios extranjeros no residentes».

Los datos de la Administración Central del Sistema Sanitario revelan que, de los aproximadamente 19,3 millones de expedientes de usuarios del SNS, unos 4,4 millones carecen de información de identificación completa.

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