Los patinetes eléctricos, segways y hoverboards no están sujetos a la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor como condición para ser admitidos a la circulación por las vías públicas, según ANSR.

La aclaración de ANSR se produce después de que la PSP anunciara que a partir de ahora inspeccionará el seguro de responsabilidad civil de patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, segways y hoverboards, una obligación prevista en el decreto-ley que transpone la directiva comunitaria sobre el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos a motor.

Según ANSR, este decreto-ley, "es aplicable a la circulación de cualquier vehículo a motor destinado a circular por tierra, que no se desplace sobre raíles, que pueda ser accionado por una fuerza mecánica, así como sus remolques", que tenga una velocidad máxima por construcción superior a 25 kilómetros por hora o un peso neto máximo superior a 25 kg y una velocidad máxima por construcción superior a 14 kilómetros por hora", y el título no se aplica "a las sillas de ruedas destinadas exclusivamente a personas con discapacidad física".

Preguntada por Lusa sobre de qué tipo de vehículos se trata, la ANSR no especificó cuáles.

Seguridad Vial subraya que quedan excluidos de este decreto-ley todos los vehículos que sean, "a efectos de circulación vial, equivalentes a bicicletas, por lo que su admisión a la circulación por las vías públicas no depende de la contratación de un seguro de responsabilidad civil ni requiere que el conductor esté en posesión de un permiso".

ANSR también subraya que los scooters o aparatos con motor eléctrico "con una potencia máxima continua superior a 0,25 kW o que alcancen una velocidad máxima superior a 25 kilómetros por hora no están autorizados a circular por las vías públicas, dado que aún no se ha definido su régimen de circulación ni sus características técnicas, que todavía deben ser objeto de un decreto reglamentario".

Mientras tanto, una fuente de la PSP dijo a Lusa que la Policía de Seguridad Pública acatará el entendimiento de la ANSR, ya que es la autoridad administrativa, pero pedirá aclaraciones al Departamento de Seguridad Vial para consolidar la interpretación legal sobre este asunto.