El Gobierno argumentó en el Parlamento que las nuevas normas para supervisar las transacciones de activos digitales en Portugal y combatir el blanqueo de dinero en este sector contribuirán a la "estabilidad regulatoria" del sector financiero.

El Parlamento debatió en general tres propuestas legislativas del Gobierno: dos para reforzar el control de las transacciones y una para garantizar las transferencias inmediatas en euros.

Las tres buscan garantizar "el pleno cumplimiento de las obligaciones europeas y la estabilidad regulatoria en el sector financiero", dijo el secretario de Estado del Tesoro y Finanzas, João Silva Lopes, durante el debate de las iniciativas.

"Paso decisivo"

"Las propuestas que discutimos representan un paso decisivo en la regulación del mercado de criptomonedas en Portugal, reforzando la supervisión de este sector y garantizando la protección de los consumidores e inversores", subrayó.

Una de las iniciativas transpone a la legislación nacional el reglamento europeo conocido como "MICA", que define las normas para la autorización y el funcionamiento de los proveedores de servicios de criptoactivos, y define las autoridades responsables de la supervisión (el Banco de Portugal y la CMVM).

Este reglamento transpone el Reglamento europeo 2023/1114, que establece normas comunes para los emisores de criptotokens referenciados a activos, los emisores de tokens de dinero electrónico y los proveedores de servicios de criptoactivos.

Una segunda norma, interconectada, desarrolla otro reglamento europeo que actualiza las medidas contra el blanqueo de capitales para adaptarlas a la realidad de las transferencias en las que intervienen determinados criptoactivos.

Durante el debate, el Secretario de Estado destacó el hecho de que los proveedores de servicios pasarán a ser tratados como entidades financieras en cuanto a la obligación de aplicar medidas preventivas contra el blanqueo de capitales.

"Una de las principales medidas derivadas de esta propuesta es la inclusión, entre las entidades financieras obligadas a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley nº 83, de 18 de agosto de 2017, de los proveedores de servicios de criptoactivos con sede en Portugal, así como de los proveedores de servicios de criptoactivos con sede en otro Estado miembro de la Unión Europea, pero establecidos en Portugal a través de una sucursal u otra forma de establecimiento permanente", subrayó.

En respuesta a una pregunta del miembro del PSD Hugo Carneiro, el Secretario de Estado admitió que las nuevas normas de supervisión tendrán un período transitorio más largo, ampliando el período desde el 30 de diciembre de 2025 hasta junio de 2026.

El miembro del CDS-PP Paulo Núncio subrayó que las nuevas normas obligarán a las empresas a responder "en tiempo y forma" a las peticiones de aclaración de las autoridades supervisoras y otorgarán "plenos poderes" al Banco de Portugal, la Fiscalía y otras autoridades para controlar estas operaciones.

"Realidad ineludible"

Para el partido Livre, las criptoactivos "son una realidad ineludible" (a través de las cuales los ciudadanos invierten, ahorran y realizan pagos), y si hay una transformación "silenciosa" y "profunda", es necesario regular el sector para garantizar una mayor seguridad, dijo la diputada Patrícia Gonçalves.

El diputado de IL Mário Amorim Lopes advirtió de la necesidad de que las empresas tengan previsibilidad, señalando que Portugal está transponiendo la normativa de 2023 y que, después de dos años, algunas empresas "han buscado otras jurisdicciones".

El diputado por Rio Grande do Sul Eduardo Teixeira dijo que es necesario asegurar que la regulación garantice tres principios: un "precio justo" para las transacciones, "objetivos de adhesión" para las empresas del sector y un "enfoque en las micro, pequeñas y medianas empresas".

El diputado socialista Miguel Cabrita hizo hincapié en la necesidad de regular la publicidad de las actividades de la "criptoeconomía" en las redes sociales.

El diputado del PCP Alfredo Maia argumentó que es necesario poner fin a lo que denomina "régimen fiscal privilegiado" aplicado a las criptoactivos en Portugal, donde las plusvalías obtenidas hace menos de 365 días tributan a un tipo del 28%. Para ello, abogó por la inclusión obligatoria de estas cantidades con otros ingresos.