Según los datos provisionales presentados hoy en el Centro Hindú de Lisboa, los ingresos generados por la estructura de misiones de AIMA fueron de 101 millones de euros y los costes de funcionamiento rondaron los 39 millones de euros.

Entre costes e ingresos, el saldo es de 62 millones de euros, y las cuentas aún no incluyen los ingresos y costes de los procesos de reagrupación familiar.

Inicialmente, con más de un millón de casos pendientes, los datos indican que se han resuelto el 93% de los casos relacionados con manifestaciones de interés, el 72% con permisos de residencia de la CPLP, el 52% con regímenes transitorios y el 10% con renovaciones de permisos de residencia.

Durante la presentación de las cifras, el ministro de la Presidencia consideró que el número de casos pendientes desde hace más de un año se traduce en indignidad y en "personas con la vida en suspenso".

"Poniendo orden en estos procesos y resolviendo estos retrasos, estamos cerrando la puerta a los delincuentes. Así se hace, aplicando las leyes. El orden no se restablece y los comportamientos criminales no se detienen gritando y dando órdenes", añadió Antônio Leitão Amaro.

Casos rechazados

En total, se decidieron casi 387.000 casos pendientes, y de ellos, más de 59.000 fueron rechazados. Respecto a los rechazos, el Ministro de la Presidencia explicó que "una parte significativa, al menos, entró en el país en condiciones ilegales que las leyes de la época ya no permitían".

A finales de año, el trabajo realizado por esta estructura de misión se transferirá a AIMA y, según el coordinador general de la estructura de misión, Luís Goes Pinheiro, se tratará de una "transición suave sin una reducción inmediata de la capacidad de AIMA".

La Estructura de Misión para la Recuperación de Procesos Pendientes estaba prevista en el Plan de Acción para la Migración, se creó en julio de 2024 y tenía una vigencia de un año. Sin embargo, en mayo de este año, el Gobierno decidió prorrogar este trabajo hasta finales de 2025.

Las nuevas normas para los inmigrantes en Portugal entraron en vigor en junio de 2024, y una de las 41 medidas del Plan de Acción para la Migración implicaba el fin de las manifestaciones de interés, pero seguían pendientes unas 440.000 solicitudes, por lo que se creó una estructura de misiones para resolver los casos pendientes.