La abogada Inês de Oliveira Soares, recientemente galardonada por una investigación en este ámbito, apoya esta hipótesis. Señala la prueba P-300 como una herramienta potencialmente útil para determinar si un sospechoso conserva recuerdos biográficos específicos del crimen.

La prueba mide la actividad eléctrica del cerebro con electrodos en el cuero cabelludo, captando respuestas cognitivas automáticas cuando el sujeto ve estímulos visuales relacionados con la investigación.

En el caso McCann, el sospechoso vería fotografías estratégicas del apartamento, vehículos sospechosos y posibles escondites. Si la persona reconoce los elementos, la onda cerebral P-300 se activa involuntariamente. Esto sugiere que su cerebro contiene información coherente con los hechos investigados.

La ventaja de este método sobre el polígrafo es que no requiere una respuesta verbal ni la cooperación del acusado. La respuesta neurológica es inmediata e incontrolable, lo que imposibilita la manipulación consciente.

Esta técnica de mapeo de la memoria ya existe en la justicia internacional

En España, la prueba fue decisiva en el caso "Ricla", sobre la desaparición y presunto asesinato de una mujer en 2012.

En India, el tribunal utilizó la misma metodología en el juicio de Adati Sharma. Sharma estaba acusada de envenenar a su exmarido con arsénico. El examen neurológico demostró que la acusada tenía "conocimientos prácticos" detallados sobre la manipulación de la sustancia tóxica, lo que sirvió de base para la condena.

Dificultades en el caso Madeleine McCann

La aplicación de este mecanismo al caso McCann se enfrenta a un importante obstáculo técnico. El juicio ha recibido una amplia cobertura durante casi dos décadas.

Gran parte de las imágenes y detalles de la investigación son de dominio público. El cerebro de cualquier persona corriente podría activar la onda P-300 simplemente por su familiaridad con los medios de comunicación.

Para superar esta limitación, Inês de Oliveira Soares dice que los estímulos deben utilizar "información confidencial". Se trata de detalles cruciales del crimen que sólo conocen los equipos de investigación y el verdadero culpable.

Además de los retos técnicos, la introducción de la prueba P-300 en Portugal se enfrenta a duras limitaciones legales y constitucionales.

El uso forzoso en Portugal de exámenes que extraen datos del subconsciente entra en conflicto con derechos fundamentales. Entre ellos figuran el derecho a la integridad moral, a la intimidad y el principio contra la autoinculpación.

El experto sostiene que obligar a un acusado a someterse a este examen violaría las garantías de la defensa. La situación cambia si el sospechoso decide voluntariamente someterse a la prueba para demostrar su inocencia.