La iniciativa tiene como objetivo dotar al país de mecanismos de protección eficaces ante la posibilidad de que se produzca un terremoto de gran intensidad, dando prioridad al refuerzo de la seguridad de los edificios y de las infraestructuras esenciales. Según los datos facilitados por CNN Portugal, esto supone un compromiso a largo plazo sin precedentes por parte del Estado, que establece objetivos cuantificables de cara a 2055, año en el que se cumplirán 300 años del devastador terremoto que destruyó Lisboa en 1755.

El plan implica la realización de un mapeo exhaustivo e inspecciones técnicas centradas en instalaciones de gran importancia social y operativa.

Entre las estructuras prioritarias para su evaluación y posibles obras de refuerzo se incluyen las instituciones educativas (como colegios y guarderías), los hospitales, las redes de suministro de agua y electricidad, y otros servicios públicos vitales. El objetivo de estas auditorías es identificar las vulnerabilidades más críticas en todo el país, establecer prioridades de actuación y determinar dónde es necesaria una intervención urgente para garantizar la estabilidad de las redes y los edificios.

Esta estrategia surge a raíz de las advertencias formuladas a las autoridades estatales por expertos en geología e ingeniería sísmica. Tras una reunión con estos especialistas, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, confirmó que existen las condiciones políticas para llevar a cabo este compromiso del Estado. El objetivo principal del Gobierno es diseñar un programa transversal que trascienda los cambios de gobierno y garantice una aplicación continua a lo largo de varias legislaturas.

Este enfoque de prevención a largo plazo también contó con el apoyo del presidente de la República: António José Seguro fue el primer responsable en reunirse con la comunidad científica y abogó por situar la reducción del riesgo sísmico entre las principales prioridades nacionales. Por su parte, Miguel Pinto Luz reconoció que las comunidades académicas y técnicas llevaban décadas advirtiendo de la necesidad de preparar al país. Sin embargo, los sucesivos gobiernos no habían logrado estructurar una respuesta acorde con esas advertencias.

En la fase inicial del programa, una medida clave será la revisión de la normativa y los códigos aplicables a los sectores de la construcción y la rehabilitación urbana. Este componente normativo se está desarrollando en colaboración con el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil (LNEC), el Instituto Superior Técnico y el Colegio de Ingenieros. Esta organización ha creado recientemente un comité especializado dedicado a la gestión de riesgos.

Aunque aún no se ha fijado una fecha oficial para la presentación pública del documento final, la Secretaría de Estado ha aclarado que se está llevando a cabo un intenso trabajo técnico.

El proceso implica consultar a diversos organismos del sector, entre ellos la Sociedad Portuguesa de Ingeniería Sísmica y los responsables del programa ReSist del Ayuntamiento de Lisboa, con el fin de consolidar un conjunto de medidas concretas que mejoren sustancialmente la capacidad de respuesta nacional ante situaciones catastróficas.