El decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el jueves 29 de octubre y establece cómo se evaluará a los solicitantes en cuanto a sus conocimientos de la lengua, la historia, la cultura y las instituciones portuguesas.

Asimismo, establece los procedimientos para acreditar los medios económicos, declarar la adhesión a los principios constitucionales democráticos de Portugal y recabar datos biométricos.

La decisión se produce tras los cambios en la legislación sobre nacionalidad aprobados por el Parlamento a principios de este año, entre los que se incluyen requisitos de residencia más prolongados para las personas que solicitan la ciudadanía mediante naturalización.

Mayor tiempo de espera para obtener la ciudadanía portuguesa

Según el marco revisado, el período de residencia legal necesario para cumplir los requisitos aumenta a siete años para determinados grupos de solicitantes y a diez años para otros.

El Gobierno ha determinado que los ciudadanos de países africanos de habla portuguesa y de los Estados miembros de la UE pueden acogerse al plazo de siete años, mientras que los solicitantes de otros países suelen estar sujetos a un requisito de diez años.

Esta distinción podría tener consecuencias significativas para los residentes extranjeros que habían planificado sus solicitudes de ciudadanía basándose en el anterior requisito de residencia de cinco años vigente en Portugal.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha publicado todos los detalles prácticos de la normativa recién aprobada.

Las dudas sobre cómo se aplicarán las normas a los casos individuales, incluidas las solicitudes ya en trámite, deberán evaluarse a la luz de las disposiciones legales definitivas que se publiquen.

El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, describió los cambios como parte de un esfuerzo por exigir un vínculo más sólido entre los solicitantes y Portugal.

En declaraciones tras la reunión del Consejo de Ministros, afirmó que la legislación revisada hace mayor hincapié en la integración y el conocimiento del país.

Nuevas pruebas y requisitos económicos

La normativa recién aprobada establece el marco para evaluar los conocimientos de los solicitantes sobre la lengua, la historia, la cultura y las instituciones públicas portuguesas.

También abordan el requisito de que los solicitantes demuestren disponer de medios de subsistencia suficientes, aunque aún no se han revelado por completo los umbrales económicos precisos ni la documentación justificativa.

Otro requisito consiste en una declaración formal en la que se acepten los principios del Estado de derecho democrático de Portugal.

El Gobierno también ha aprobado los procedimientos para la recogida de datos biométricos como parte de las solicitudes de nacionalidad.

Para los futuros solicitantes, es importante distinguir entre los requisitos generales de la ley y los reglamentos que rigen su aplicación práctica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto-ley de aplicación, pero es necesario consultar el texto completo y sus disposiciones de entrada en vigor en el Diário da República antes de determinar con precisión cuándo serán exigibles los requisitos individuales.

El Gobierno promete una tramitación más rápida

Además de los criterios de elegibilidad más estrictos, el Gobierno afirma que pretende reducir la burocracia en las solicitudes de nacionalidad.

La normativa introduce medidas para simplificar y digitalizar los trámites administrativos, incluido un mejor intercambio de información entre los servicios públicos.

Esto podría reducir la necesidad de que los solicitantes tengan que obtener documentos que ya obran en poder de las autoridades portuguesas.

El Gobierno afirma que los cambios tienen por objeto acelerar las decisiones y reducir los retrasos, aunque no se ha anunciado ninguna garantía concreta sobre los plazos de tramitación.

Para los residentes extranjeros que han tenido que hacer frente a largos trámites administrativos, la eficacia de estas medidas dependerá de cómo se apliquen.

Nueva dirección para la AIMA

El Gobierno también ha anunciado el nombramiento de César Teixeira como presidente de la Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo (AIMA), tras la salida de Pedro Portugal Gaspar.

El nombramiento se produce cuando la AIMA cumple tres años desde su creación, tras la reestructuración del antiguo servicio de inmigración de Portugal, el SEF.

Según cifras del Gobierno, la agencia registró un aumento del 60 % en el número de citas durante 2026 en comparación con el año anterior.

Asimismo, informó de que había prestado asistencia a 185 000 personas y atendido aproximadamente 500 000 llamadas telefónicas a lo largo del año.

Leitão Amaro afirmó que la agencia estaba entrando en una nueva fase centrada en la transformación digital, la mejora de los servicios de atención al público y la integración de los inmigrantes.

Sin embargo, el Sindicato de Técnicos de Migración advirtió de que el nombramiento de un nuevo presidente no resolvería, por sí solo, los problemas de larga data relacionados con la dotación de personal, la planificación y los procedimientos administrativos.

El sindicato acogió con satisfacción el nombramiento de Teixeira, al tiempo que reclamó mejoras más sustanciales en el funcionamiento de la agencia.

Para los residentes extranjeros en Portugal, ambos anuncios suponen cambios tanto en los requisitos para obtener la ciudadanía como en la administración pública responsable de los asuntos de inmigración.

El próximo paso importante será la publicación de la normativa detallada sobre la nacionalidad, lo que permitirá a los solicitantes y a los asesores jurídicos determinar con exactitud cómo funcionarán los nuevos procedimientos.

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