El Programa Regresar volvió a batir récords en 2025, con 2.851 solicitudes durante los seis primeros meses del año, un 30% más que en el mismo periodo de 2024.

Creado en 2019 por el Gobierno de António Costa, el programa tiene como objetivo incentivar el retorno de los emigrantes portugueses y luso-descendientes, especialmente los que se fueron durante el periodo de la Troika, y también cubre a sus familias.

Según datos facilitados a Público por el Ministerio de Hacienda, el beneficio fiscal del IRS asociado al programa alcanzó los 48,4 millones de euros sólo en 2023. Desde la puesta en marcha de la iniciativa, se ha apoyado a cerca de 37.000 emigrantes, entre ellos 17.000 solicitantes directos y aproximadamente 20.000 familiares, entre descendientes y cónyuges.

El número de solicitudes ha sido constante. Según la publicación, en 2020, el programa recibió 1.657 solicitudes, mientras que en 2024 el número ascendió a 3.815. "La medida fue un éxito", afirma Miguel Fontes, ex secretario de Estado de Trabajo que supervisó el programa entre 2022 y 2024, y añade que la continuidad del incentivo es esencial, aunque su impacto debe ser evaluado.

Entre los beneficios financieros y fiscales, destaca la exención fiscal del 50% de los ingresos durante cinco años a partir de la fecha de retorno. Este beneficio no sólo representa una carga, sino que también genera ingresos fiscales adicionales, sobre todo en concepto de IVA, compensando parte de la inversión del Gobierno.

El programa ha beneficiado a emigrantes de 116 países, siendo Suiza, Francia, Reino Unido, Brasil y España los principales destinos de origen. La mayoría de los beneficiarios tienen entre 35 y 44 años, predominan los hombres (56%) y entre las profesiones más comunes figuran ingenieros, técnicos intermedios y profesionales sanitarios. La mayoría de los retornos se concentran en el Norte y en las regiones de Lisboa y Valle del Tajo.

El Gobierno se dispone a sustituir el Programa Regressar por el Programa Voltar, que podría ampliar los incentivos no sólo a los trabajadores en activo, sino también a los jubilados. Miguel Fontes advierte de que esta ampliación se aparta del espíritu original de la medida, que pretendía atraer a jóvenes cualificados que habían emigrado, especialmente durante la crisis de la troika.