Según la sentencia del Tribunal Civil Local de Lisboa, se ordenó a André Ventura "retirar, en un plazo de 24 horas, todos los carteles que colocó en espacios públicos y en diversos lugares de todo el país con el lema 'Los gitanos deben obedecer la ley - André Ventura elecciones presidenciales 2026'".

La juez Ana Barão también ordenó a Ventura "abstenerse, en el futuro, de ordenar o promover, directa o indirectamente, la colocación de carteles de contenido idéntico o equivalente".

Por cada día de retraso, por cada cartel que permanezca en la vía pública más allá del plazo de 24 horas fijado por el tribunal para su retirada, o por cada nuevo cartel que se coloque, el dirigente de Chega tendrá que pagar una multa de 2.500 euros, ordena también la sentencia.

El juez argumentó que no se niega el derecho a la libertad de expresión, o a la libertad de expresión política de André Ventura, sino que se le exige que lo ejerza con "responsabilidad en el sentido de proteger los derechos humanos de todos y en el sentido de luchar contra la discriminación, en particular racial o étnica."

"Ideas discriminatorias"

Tras admitir ante el tribunal que sabe que hay gitanos que cumplen la ley, pero reiterar su convicción de que ninguno lo hace, "el acusado no puede ignorar que su condena se basa en ideas discriminatorias y ataca a una minoría étnica", argumenta el juez.

"El ejercicio de su libertad de expresión, en los términos que ahora se impugna, por atentar contra el valor supremo de la dignidad humana y el derecho a la no discriminación por razón de raza y etnia, debe ser restringido. En otras palabras, la restricción de la libertad de expresión del demandado está justificada, en este caso concreto, por una necesidad social imperiosa: la prohibición de discriminación por motivos de raza o etnia", dice la sentencia, que cita el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia considera que los demandantes en la acción contra André Ventura, representantes de la comunidad gitana en Portugal, "se vieron afectados en su derecho al honor, al buen nombre, a la reputación y al desarrollo de la personalidad".

Para Ana Barão, "quedó probado" que, con la colocación de estos carteles, André Ventura "pretendía dirigirse a los ciudadanos no gitanos" y que éstos leyeran la frase en el sentido de que los gitanos no cumplen la ley, "objetivo que se consiguió, de ahí la polémica pública generada en torno a la misma, según confesó el propio demandado".

El juez argumenta que el significado "que un receptor normal" atribuye a la frase es su significado implícito y no su significado literal.

"Ahora bien, este significado implícito es, en sí mismo, discriminatorio". "No sólo porque segrega a los ciudadanos de etnia gitana del resto de ciudadanos (agravando la fractura social existente entre ellos; reforzando la idea -errónea- de que hay un 'nosotros' y un 'ellos'; y banalizando el incumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos no gitanos), sino también porque niega la diversidad del grupo social afectado y la individualidad de sus miembros (habrá individuos de etnia gitana que cumplan la ley y otros que no, como confiesa el propio acusado)", reza la sentencia a la que ha tenido acceso Lusa.

Ana Barão consideró que la frase utilizada por Ventura "es grave" porque "fue pensada (no fue pronunciada al calor de un debate político)" y porque "fue diseñada para causar un impacto social específico en relación con un grupo social."

"No es inocente"

Subrayó que el uso de carteles "no es inocente", por su impacto y visibilidad, especialmente entre niños y jóvenes en edad escolar, cuya "confrontación diaria" con ese mensaje puede condicionar su visión de las comunidades gitanas, pero también en la sociedad en general, exacerbando "estigmas y prejuicios" y fomentando "la intolerancia, la segregación, la discriminación y, en definitiva, el odio".

La demanda civil interpuesta por seis representantes de la comunidad gitana, que se juzgó en el Palacio de Justicia de Lisboa la semana pasada, logró todos sus objetivos, aunque la multa se fijó en la mitad de la cantidad solicitada.

Ante el tribunal, André Ventura alegó que sería un "precedente muy grave" que el tribunal decidiera retirar los carteles, y añadió que entendía que lo que se juzgaba era su actividad política. La defensa de los demandantes, a cargo del abogado Ricardo Sá Fernandes, replicó que un "precedente terrible" sería mantener los carteles.

En reacción a la decisión, Sá Fernandes declaró: "Es una sentencia que nos ayuda a tener un país más justo y decente, una victoria de la resistencia del pueblo gitano".