El paquete de medidas de contingencia, anunciado por el Ministerio del Interior, pretende dar una respuesta rápida a los grandes retrasos y colas de varias horas observados en las últimas semanas en las instalaciones aeroportuarias de la capital, especialmente en las horas de mayor afluencia.

Además de aumentar el contingente policial de inspección, el plan del Ejecutivo incluye la instalación física de 18 nuevos puestos manuales de control de documentos y 18 puertas electrónicas más (e-gates).

Con este refuerzo logístico, las autoridades pretenden acelerar significativamente el proceso de control y validación de pasajeros en los pasos fronterizos, minimizando el impacto operativo en el flujo de salidas y llegadas e intentando restablecer la normalidad en las principales infraestructuras aeroportuarias del país.

La urgencia de esta intervención viene avalada por los datos más recientes de la Asociación Europea de Aeropuertos, ACI Europe, que indican un escenario crítico en el que los tiempos de espera en la frontera de Lisboa pueden alcanzar las 3,5 horas en hora punta.

Este indicador macroeconómico muestra un claro empeoramiento respecto al diagnóstico del mes de abril, cuando los retrasos máximos rondaban las 2 horas.

El estudio de la asociación, que abarcó 45 aeropuertos de 20 Estados miembros de la UE, calificó la situación actual de preocupante, indicando que la crisis de los controles aduaneros se está extendiendo a aeropuertos que antes operaban con tiempos de espera inferiores a una hora.

En cuanto a los derechos de los consumidores, la Autoridad Nacional de Aviación Civil(ANAC) emitió una importante aclaración, afirmando que los pasajeros que pierdan sus vuelos debido al tiempo transcurrido en las colas de los controles fronterizos no tendrán derecho a ninguna compensación económica ni a asistencia logística por parte de las compañías aéreas.

El organismo regulador nacional aclara que, desde un punto de vista jurídico y procesal, las compañías aéreas no pueden ser consideradas legalmente responsables de fallos operativos o limitaciones estructurales que estén totalmente fuera de su control directo.

Esta interpretación jurídica contradice la postura adoptada por DECO, que en los últimos días había hecho un llamamiento formal al Gobierno para la creación de mecanismos extraordinarios de compensación financiera o fondos de apoyo.

La asociación de defensa de los consumidores defiende los derechos de los viajeros que, habiendo cumplido escrupulosamente los horarios recomendados de llegada al aeropuerto, se ven perjudicados y pierden sus conexiones de vuelo por la incapacidad de respuesta de los servicios estatales.

La polémica se intensifica en un momento en que el tráfico aéreo en Portela sigue creciendo, poniendo a prueba los límites físicos de la infraestructura de Lisboa.