El Colegio de Abogados de Portugal insta al Parlamento a que apruebe el proyecto de ley, alegando que los abogados llevan años viéndose obligados a cumplir con los plazos profesionales incluso cuando su salud o sus circunstancias familiares les dificultan el trabajo.

ECO informa de que los cambios propuestos abarcarían el último mes de embarazo, la adopción y las enfermedades graves que requieran cirugía, tratamiento o ingreso hospitalario. También se reconocerían los abortos espontáneos, lo que permitiría aplazar los actos judiciales durante tres días consecutivos.

Los plazos judiciales también se suspenderían

El principal cambio se refiere a lo que ocurre tras el aplazamiento de una vista. Según la normativa vigente, los abogados ya pueden solicitar el aplazamiento de los actos judiciales en casos de maternidad, paternidad y duelo, pero los demás plazos siguen corriendo.

Esto significa que un abogado que acaba de ser padre o madre, o que no puede trabajar, sigue teniendo que cumplir los plazos para presentar documentos en el caso de un cliente.

El Colegio de Abogados señala que la legislación, que data de 2009, tampoco cuenta con disposiciones específicas para enfermedades graves, embarazos de alto riesgo y abortos espontáneos. Ha estado presionando al Gobierno y a los partidos parlamentarios para que subsanen estas lagunas.

En declaraciones a Lusa, la diputada del PSD Eva Brás Pinho describió la propuesta como un cambio sustancial respecto al sistema actual. Explicó que las enfermedades graves no se habían contemplado específicamente, lo que dejaba en manos del juez la decisión de aplazar o no un juicio.

La exposición de motivos del proyecto de ley sostiene que el ejercicio de la abogacía, incluso como profesional autónomo, debe ser compatible con tener hijos, recibir tratamiento médico y cuidar de la familia.

Hasta 60 días

En los asuntos penales, la propuesta permitiría a los abogados solicitar la suspensión de determinados plazos esenciales durante un máximo de 60 días consecutivos. Entre ellos se incluyen los plazos relacionados con las acusaciones particulares, las demandas de indemnización civil, las solicitudes de apertura de la fase de instrucción, las alegaciones de la defensa y los recursos.

Los procedimientos civiles también podrían suspenderse hasta un máximo de 60 días. La protección se extendería a la adopción y al último mes de embarazo, así como a enfermedades graves que requieran cirugía, tratamiento o ingreso hospitalario y a los embarazos de alto riesgo.

La normativa se aplicaría expresamente también a los procedimientos ante los tribunales administrativos y fiscales.

No obstante, habría limitaciones. En los asuntos penales, la suspensión no se aplicaría cuando el acusado se encuentre en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario, ni cuando un retraso pudiera causar un perjuicio grave o irreparable. En el caso de otros asuntos penales urgentes, la suspensión máxima sería de 30 días.

El PSD afirma que estas excepciones tienen por objeto proteger a los abogados, al tiempo que se preservan los derechos de las demás personas implicadas y se evitan retrasos excesivos en la justicia.

El Colegio de Abogados insta a su aprobación

El presidente del Colegio de Abogados, João Massano, sostiene que las consecuencias de la normativa actual van más allá de la propia profesión. Los clientes podrían verse obligados a buscar otro abogado porque la persona en la que confían para llevar su caso enferma o necesita tiempo para cuidar de un hijo.

El diputado del PSD Paulo Lopes Marcelo, uno de los firmantes del proyecto de ley, también declaró a ECO que estas protecciones deberían ser derechos legales, en lugar de depender de la interpretación que haga un juez de las circunstancias particulares de cada abogado.

El Colegio de Abogados tiene previsto reunirse con todos los partidos representados en el Parlamento para recabar apoyos y se ha ofrecido a colaborar en la mejora de la propuesta durante su tramitación parlamentaria. Los cambios aún deben ser aprobados.

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