En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías sobre la nueva ley de nacionalidad, Jorge Rodrigues da Ponte admitió que los cambios legales siempre generan una mayor demanda de servicios.

Por ello, para evitar una "avalancha de solicitudes de nacionalidad al amparo de la legislación actual", el presidente del IRN ha pedido que la ley entre en vigor "al día siguiente de su publicación" o lo antes posible.

Esta ha sido una preocupación del Ejecutivo, que ya ha intentado que la ley de nacionalidad sea retroactiva al 19 de junio (fecha de aprobación del programa de gobierno), una medida que ha sido criticada por la oposición y los constitucionalistas.

"No quiero limitar las legítimas expectativas de los ciudadanos, pero sí pretendo salvaguardar la capacidad de los servicios, que han estado recurriendo a horas extraordinarias para ponerse al día con los retrasos actuales", explicó Jorge da Ponte.

El director del IRN señaló que los cambios legales anteriores provocaron un aumento de las solicitudes de servicios y que las noticias sobre el tema han provocado un aumento de la demanda en las últimas semanas.

"Entre 2018 y 2024, el IRN recibió una media de 277.000 solicitudes de nacionalidad al año", siendo 2022 el año con mayor volumen (367.000) de solicitudes de este tipo.

La mayoría de los casos (62%) se refieren a hijos de padres portugueses nacidos fuera del país, seguidos de naturalizaciones por tiempo de residencia (16%), por matrimonio (6%), nietos de ciudadanos portugueses (4%) y ciudadanos nacidos en el país pero hijos de extranjeros (4%).

Hay un "crecimiento sostenido, y a veces intenso", que "supera la capacidad de respuesta de los servicios de atención al cliente, lo que provoca dificultades para los solicitantes, largas esperas y frustración tanto para los usuarios como para el personal", admitió.

A pesar de ello, "la tasa de finalización, medida dividiendo el número de casos finalizados por el número de casos entrantes, ha alcanzado una media del 82%".

"Con cada cambio en la ley de nacionalidad, los servicios se han visto cada vez más desbordados, tanto por la afluencia de solicitantes como por los retos que plantea la validación objetiva de las solicitudes", concluyó.