La defensa del líder chega alega que la decisión de primera instancia vulnera la libertad de expresión política e impugna la multa diaria de 2.500 euros por cartel, que considera excesiva.

El recurso también pretende que se levante la prohibición de publicar mensajes similares en el futuro, argumentando que el contenido de los carteles no constituye un ilícito contra la personalidad, sino que refleja una interpretación subjetiva de los hechos por parte del tribunal.

Por el contrario, la defensa de los representantes de la comunidad gitana, encabezada por Ricardo Sá Fernandes, impugna el recurso y subraya que las medidas impuestas ya han sido cumplidas íntegramente por el político.

Los abogados de los demandantes alegan que las sanciones son desproporcionadas y que el ejercicio de la libertad de expresión no puede atentar contra la dignidad humana ni promover la discriminación étnica.

Invocando jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la fiscalía refuerza que las declaraciones que imputan comportamientos negativos a todo un grupo étnico tienen una protección jurídica reducida, manteniendo la convicción de que la sentencia inicial debe ser confirmada por tribunales superiores.