Uno de los cambios más significativos que se están estudiando permitiría a los conductores realizar las inspecciones periódicas obligatorias en otro Estado miembro de la UE, lo que actualmente no está permitido.

Si se aprueba, un vehículo matriculado en Portugal podría ser inspeccionado en países como España, Francia o Alemania, con un certificado de inspección europeo temporal expedido y reconocido durante varios meses.

La propuesta pretende mejorar la movilidad en todo el bloque, sobre todo para los ciudadanos que viven, trabajan o pasan largas temporadas en el extranjero.

Inspecciones anuales

La Comisión Europea había propuesto inicialmente inspecciones anuales obligatorias para los turismos de más de 10 años en todos los países de la UE.

Sin embargo, los eurodiputados rechazaron la medida, alegando que era desproporcionada y no estaba respaldada por pruebas claras de que fuera a reducir significativamente los accidentes de tráfico.

Para Portugal, la decisión supone poca diferencia práctica, ya que los vehículos de pasajeros ya están sujetos a inspecciones anuales una vez que alcanzan los ocho años de antigüedad.

Las reformas propuestas también ampliarían el alcance técnico de las inspecciones para reflejar los avances en la tecnología de los vehículos.

Se incluyen controles de los sistemas avanzados de seguridad, como el frenado automático de emergencia, la evaluación de los airbags y otros sistemas electrónicos, posibles pruebas de emisiones de partículas finas y óxidos de nitrógeno, y una verificación más estricta del kilometraje para combatir el fraude en los cuentakilómetros.

Las medidas subrayan la creciente atención de la UE tanto a la seguridad vial como a las normas medioambientales.

¿Qué cambiaría en Portugal?

Además de las posibles reformas europeas, Portugal ya ha introducido nuevas normas de inspección en 2026, que incluyen controles más estrictos de las llamadas a revisión de vehículos sin resolver, y los coches con avisos pendientes podrían ahora no pasar la inspección.

Las propuestas aún no son definitivas y deben pasar todavía por las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros.