La legislación establece tres grados profesionales: dentista asistente, dentista asesor y dentista asesor sénior. El acceso a la trayectoria profesional comienza en el grado de dentista asistente (nivel generalista), y la progresión profesional depende de la obtención de una certificación de especialista, preferiblemente en salud bucodental pública o odontología hospitalaria.

El acceso al grado de dentista asesor requiere seis años de ejercicio activo como dentista adjunto o estar en posesión de una certificación de especialista. Para el grado de dentista asesor sénior, los requisitos son cuatro años de ejercicio activo como dentista asesor y una certificación de especialista, preferiblemente en salud bucodental pública o odontología hospitalaria.

La legislación, promulgada la semana pasada por el presidente de la República tras su aprobación unánime por la Asamblea de la República, estipula que estos profesionales se integrarán en los servicios de salud bucodental de las Unidades Locales de Salud (ULS).

Debido a la falta de una carrera profesional específica, la mayoría de los aproximadamente 150 odontólogos que trabajan en el sector público han sido contratados por las Unidades Locales de Salud (ULS) como contratistas independientes. Al mismo tiempo, el resto se encuentra en categorías profesionales generales, como la de técnico superior.

Los odontólogos actualmente en activo, ya sea en la trayectoria profesional de técnico superior o en puestos equivalentes, se integrarán en la categoría de «odontólogo adjunto» dentro de la estructura profesional específica de la odontología; esta integración se formalizará en un plazo de tres meses mediante una orden conjunta emitida por los responsables gubernamentales de Sanidad, Hacienda y Administración Pública.

Los puestos y la remuneración se establecerán mediante convenios colectivos, teniendo en cuenta la naturaleza especial de la carrera profesional, los conocimientos técnicos y científicos específicos que implica la odontología y las funciones concretas asociadas a cada categoría, así como la «necesidad de atraer y retener a los profesionales dentro del Servicio Nacional de Salud (SNS)», según el texto publicado.

En virtud de la legislación, el régimen de incentivos relativo a la movilidad geográfica hacia zonas desatendidas, aplicable inicialmente a los médicos, se extiende también a los cirujanos dentistas dentro de la carrera especial.

Cuando se aprobó la ley en el Parlamento, la Orden de Odontólogos de Portugal (OMD) calificó la integración de estos profesionales en el Servicio Nacional de Salud (SNS) como un «paso decisivo» para elevar el estatus de la odontología.

En aquel momento, la Asociación advirtió de que el impacto real de la medida dependería de su aplicación, y su presidente concluyó que «el verdadero éxito de esta ley se medirá por la capacidad de incorporar a más cirujanos dentistas al SNS, retenerlos en todo el país y garantizar una respuesta pública en materia de salud bucodental más sólida y accesible para la población portuguesa».