El diploma, "en general, propone la aplicación del nuevo régimen de nacionalidad sólo para el futuro, con una importante excepción: los procedimientos del régimen de la regla de naturalización pendientes en la fecha de la futura publicación de la ley, pero que se iniciaron después del 19 de junio de 2025, fecha en la que se viabilizó el Programa del 25º Gobierno Constitucional".

Según el texto del propio diploma, el Gobierno considera que, "desde el período electoral, se sabía que la intención de la Coalición vencedora era imponer mayores exigencias al régimen de la nacionalidad portuguesa, con el fin de garantizar que siempre tenga un vínculo efectivo y genuino con la comunidad nacional".

En aquel momento, "estaba claro para todos -ciudadanos e inmigrantes- que, entre otros cambios significativos, los requisitos temporales y materiales para la naturalización aumentarían en densidad y se ampliarían en número", por lo que, tras la aprobación parlamentaria del programa del Ejecutivo, "se generó un movimiento masivo de solicitudes de adquisición de la nacionalidad por naturalización", señala la proposición de ley.

El Gobierno considera que estas solicitudes "representan más bien un intento de última hora de beneficiarse de los requisitos altamente permisivos del régimen jurídico saliente", que preveía un periodo de residencia en Portugal de cinco años para acceder a la ciudadanía.

La nueva legislación prevé un periodo mínimo de siete años para la autorización de residencia regular en el caso de los ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y de diez años para los demás, imponiendo normas mucho más estrictas.

"Este recurso abusivo y tardío" es impedido por la legislación al considerar como base la "viabilidad del Programa de Gobierno".

El programa, dice la propuesta, constituye "un documento eminentemente político, que se beneficia de una amplia publicidad y al que la Constitución asocia importantes consecuencias jurídicas, a partir de la toma de posesión del Gobierno".