Portugal impugnará las reclamaciones por valor de unos 500 millones de euros presentadas por los concesionarios de autopistas, que solicitan una indemnización por las pérdidas de tráfico sufridas durante la pandemia de la COVID-19, según ECO News.

En un acto del sector, João Caetano, presidente del Instituto de Movilidad y Transporte (IMT), afirmó que el Gobierno había llegado a la conclusión de que las concesionarias no tenían derecho a un reajuste financiero de sus contratos, ya que su capacidad operativa y financiera no se había visto afectada de forma significativa.

También argumentó que los operadores se beneficiaron posteriormente de la elevada inflación, que incrementó los ingresos por peajes.

Los procedimientos de arbitraje siguen en curso, y Caetano afirmó que el Estado recurriría cualquier decisión que fallara a favor de las concesionarias.

Los operadores cuestionan la postura del Gobierno

El director ejecutivo de Brisa, António Pires de Lima, rebatió la postura del Gobierno, argumentando que los operadores de autopistas deberían ser compensados por las pérdidas causadas por las restricciones de movilidad introducidas durante la pandemia.

También criticó la decisión del Estado de recurrir los laudos arbitrales, afirmando que había generado incertidumbre tanto sobre el calendario como sobre el resultado de los casos.

Si el Estado acabara perdiendo, cualquier reequilibrio contractual se llevaría a cabo mediante una prórroga del periodo de concesión, según el IMT.

Continúan las negociaciones sobre la concesión

Pires de Lima también señaló que se espera que las negociaciones sobre el contrato de Brisa Concessões Rodoviárias alcancen una fase adecuada para la toma de decisiones políticas en septiembre u octubre.

Las conversaciones incluyen las conexiones por carretera con el futuro aeropuerto Luís de Camões, exenciones parciales de peaje en las autopistas A6 y A2, y la clasificación de los vehículos de peaje de Clase 1.

Añadió que la renegociación no impediría que la concesión se sacara a concurso cuando expire en 2035, o posiblemente en 2037 o 2038.