El último día del plazo fijado por el Gobierno, ambos licitadores presentaron compromisos en consonancia con el plan estratégico, garantizando expresamente el mantenimiento y el papel central del centro de operaciones de la aerolínea en el aeropuerto de Lisboa, así como el refuerzo de la conectividad internacional del país.

Para el Grupo Lufthansa, el plan implica establecer una colaboración a largo plazo que refuerce la posición de Lisboa como puerta de entrada al Atlántico Sur y amplíe las conexiones con América del Norte, América Latina y África.

El director general del grupo alemán, Carsten Spohr, destacó la trayectoria de integración, al tiempo que se preserva la identidad nacional, observada en aerolíneas como SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways.

La propuesta alemana se ve respaldada además por la presencia industrial actual del grupo en Portugal, donde emplea actualmente a más de 500 personas y prevé crear más de mil puestos de trabajo para 2030 a través de las nuevas instalaciones de Lufthansa Technik en Santa Maria da Feira.

Por su parte, Air France-KLM presentó un plan integral que abarca el transporte de pasajeros, la carga, los programas de fidelización y el mantenimiento; propuso establecer Lisboa como su centro de operaciones exclusivo en el sur de Europa, al tiempo que prevé un crecimiento operativo en Oporto y otras regiones del país.

Benjamin Smith, director general del grupo franco-holandés, destacó su alianza transatlántica con la aerolínea estadounidense Delta Air Lines como un activo fundamental para impulsar el mercado del Atlántico Norte, al tiempo que prevé vincular la sólida presencia de TAP en Brasil con la red de la aerolínea brasileña GOL. En el sector del mantenimiento y la ingeniería, el proyecto incluye el desarrollo conjunto de operaciones de reparación con TAP Maintenance & Engineering.

Tras la recepción de las propuestas por parte de los equipos de Parpública, la entidad estatal que gestiona las participaciones del Gobierno, la empresa dispone ahora de 30 días para elaborar y presentar su informe de evaluación final al Gobierno. Este análisis servirá de base para la toma de decisiones del Ejecutivo, y se espera que en los próximos meses se adopte una resolución definitiva sobre la oferta ganadora en el proceso de privatización.