Según informa Observador, la ministra calificó de inevitable una reforma profunda de la legislación laboral, argumentando que el marco actual es «profundamente inadecuado para el trabajo en la era digital».

Sin embargo, reconoció que es posible que el Gobierno actual no llegue a completar la reforma.

Transparencia salarial

La Directiva de la UE sobre transparencia salarial tiene por objeto reducir las diferencias salariales injustificadas entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

Según la normativa europea, las empresas deben informar a los solicitantes de empleo del salario inicial o del rango salarial de un puesto con la antelación suficiente para que puedan negociar con conocimiento de causa, y también tienen prohibido preguntar a los candidatos por su salario actual o anterior.

Una vez contratados, los trabajadores pueden solicitar información sobre los niveles salariales medios, desglosados por sexo, para las categorías de personal que realizan el mismo trabajo o uno de igual valor.

Los empleadores también deben utilizar criterios objetivos y neutros en cuanto al género a la hora de determinar la remuneración y la progresión profesional.

No obstante, los requisitos concretos en Portugal dependerán de la legislación nacional definitiva.

Según ECO, un anteproyecto elaborado por el Gobierno no obligaría a los empleadores a incluir detalles salariales directamente en los anuncios de empleo, pero la información debería facilitarse antes de la firma del contrato de trabajo.

Este enfoque ha suscitado llamamientos a una mayor transparencia por parte de los sindicatos; la UGT sostiene que la información salarial debería figurar preferiblemente en los anuncios de empleo, al tiempo que acoge con satisfacción las medidas que refuerzan los derechos de los trabajadores.

Portugal no cumplió el plazo de la UE para transponer la directiva, que venció el 7 de junio de 2026, y la Comisión Europea inició posteriormente un procedimiento de infracción por no haber aplicado las normas a tiempo.

Trabajadores digitales

La segunda prioridad se refiere a la Directiva (UE) 2024/2831, que aborda las condiciones laborales de las personas cuyos trabajos se organizan a través de plataformas de trabajo digital.

Estas normas tienen por objeto facilitar la determinación de si una persona que trabaja a través de una plataforma debe clasificarse legalmente como asalariado en lugar de como autónomo.

Los países de la UE deben establecer procedimientos para evaluar la situación laboral, incluida una presunción legal de relación laboral cuando se cumplan las condiciones pertinentes, mientras que las plataformas deben poder impugnar dicha presunción con arreglo a la legislación nacional.

La directiva también aborda el uso de algoritmos y sistemas automatizados para asignar trabajo, supervisar el rendimiento y tomar decisiones que afecten a los trabajadores.

En virtud del nuevo marco, los trabajadores deben recibir información sobre la supervisión y la toma de decisiones automatizadas.

Las decisiones, como la suspensión de cuentas, deben estar sujetas a supervisión humana, mientras que los trabajadores contarán con mayor protección a la hora de impugnar las decisiones tomadas por sistemas automatizados.

Además, las normas también restringen el tratamiento por parte de las plataformas de determinadas categorías de datos personales, incluida la información sobre conversaciones privadas y los datos utilizados para predecir la actividad sindical.

Los Estados miembros de la UE tienen hasta el 2 de diciembre de 2026 para transponer la directiva sobre el trabajo en plataformas a la legislación nacional.

Incertidumbre sobre la revisión

Además de las dos directivas europeas, Palma Ramalho reiteró su intención de llevar a cabo una revisión de la legislación laboral portuguesa tras el rechazo por parte del Parlamento del anterior paquete de medidas laborales del Gobierno.

La ministra argumentó que se necesitan cambios para reflejar el papel cada vez más importante de la tecnología digital y la evolución de las modalidades de empleo.

No obstante, admitió que la reforma podría quedar en manos de un futuro Gobierno.

El Gobierno también se ha comprometido a adaptar la formación profesional pública a las nuevas formas de trabajo y a continuar con los esfuerzos para reducir el desempleo.

Para los trabajadores y los empresarios, los cambios inmediatos dependerán de la aprobación y publicación de la legislación portuguesa pertinente.

Hasta entonces, las obligaciones concretas, las modalidades de aplicación y las fechas en las que entrarán en vigor las nuevas normas nacionales siguen estando sujetas al proceso legislativo.


Establece The Portugal News como tu fuente preferida de noticias en Google

GoogleAñadir como fuente preferida en Google